La Ley Electoral debería tener un artículo que dijera, aproximadamente, lo siguiente:
“ Disposición Adicional Ultima: Si, en el plazo establecido en la presente Ley, los partidos con representación parlamentaria no alcanzaran un acuerdo para formar gobierno, se disolverán las Cortes Generales y se celebrarán nuevas elecciones. A ellas no podrán concurrir, en ningún caso, los diputados y senadores salientes, una vez que ha quedado constancia de la incapacidad manifiesta de todos ellos para negociar, ponerse de acuerdo y arrinconar sus intereses particulares o de partido en bien del interés general”.
Se podría, incluso, añadir que tendrían derecho a quedarse con la parte proporcional de los sueldos que han percibido, por no hacer nada, una vez descontados los gastos ocasionados por su irresponsabilidad.
Se calcula que repetir las elecciones costará al Estado, es decir, a los españoles, unos 180 millones de euros, por todos los conceptos, como dinero que reciben los partidos en función de sus resultados electorales, dietas a los miembros de las mesas electorales, pago a los miembros de las juntas electorales, impresión de papeletas y un largo etcétera.
Aproximadamente lo mismo que cuesta el mantenimiento de 1000 camas hospitalarias durante 3 años.
Un dinero que serviría para crear 72000 becas universitarias, por poner algunos ejemplos.
Algunos dirán que no todos tienen la misma responsabilidad. Es verdad. Quienes tienen la mayor parte de culpa son los líderes de los diferentes grupos parlamentarios. Pero no es menos verdad el hecho de que muchos diputados se comportan como verdaderos hooligans en el hemiciclo, y con esa actitud, refuerzan la cabezonería de sus líderes.
Esta medida podría servir, también, para que, en las reuniones del grupo, los diputados de a pie, no se limitaran a asentir, sin más, y aceptar, sin pestañear, todas las mamonadas de sus jefes y hubiera verdaderos debates.
Seguramente, sus señorías, viendo el riesgo su sueldo, se tomarían su trabajo en serio.
Aviados estarían los italianos, por citar algún país de nuestro entorno, acostumbrados a tener un parlamento atomizado, si tiraran la toalla sin más.
Lo dicho. La solución es incorporar ese artículo a la ley electoral. Sólo falta resolver un pequeño detalle: esa ley, que es una ley orgánica, la votan los diputados y los senadores.
¿ estarían dispuestos a hacerse el harakiri?
¡ jajaja!