Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, que ya se ha declarado culpable de la filtración de documentos confidenciales de la Santa Sede, en lo que ya se conoce como el caso ‘Vatileaks 2’, podría cumplir su ‘pena’ en un monasterio de la Rioja o de Astorga, siendo confinado durante un mínimo de cinco años dedicado a “la oración y la expiación” de sus pecados, tal y como habría solicitado él mismo. Algunos de los monasterios que se barajan son el de San Millán de Yuso o el de Santa María de Valvanera, según ha revelado la prensa italiana. Todo ello si, como se espera, el Papa opta por el indulto, a modo de uno de los primeros gestos del Año de Misericordia que arrancó este mismo martes. De esta manera, Vallejo se libraría de la cárcel.
Vallejo Balda, natural de Villamediana de Iregua (La Rioja) y ex ecónomo de la Diócesis de Astorga, ha conseguido que el Tribunal del Vaticano haya aceptado incorporar a los documentos del proceso un informe psiquiátrico que le fue realizado con anterioridad a su detención, si bien la Justicia vaticana ha rechazado la realización de nuevo un examen, solicitado por la defensa, para determinar el “alcance” de la supuesta manipulación que afirma que sufrió de manos de su ayudante, Francesca Chaouqui.
Y es que la defensa de Vallejo ha buscado durante todo el proceso culpar a esta mujer como la instigadora de un plan premeditado para el robo de los documentos, siguiendo el cual, la italiana habría seducido al sacerdote para después presionarle a que entregara la información a los dos periodistas que la han publicado en sendos libros. En suma, la defensa del sacerdote recurre al trastorno psicológico para mitigar la responsabilidad de su cliente.
Chaouqui lo niega todo y afirma que es una ‘bellaquería’ por parte del sacerdote
Mientras, Inmacolata Francesca Chaouqui lo niega todo, incluidas las relaciones sexuales, y afirma que se trata de un “montaje” de una “bellaquería” por parte del sacerdote. Así, su abogada, ha solicitado que el tribunal cite como testigos de la defensa de su clienta al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y al cardenal español Santos Abril y Castelló, que es presidente de la Comisión Cardenalicia de Vigilancia del IOR (banco del Vaticano) y arcipreste de las Basílica de Santa María Mayor. El objetivo, según la letrada, es que ambos religiosos expliquen ante el tribunal qué tipo de relación existía entre Vallejo Balda y Chaouqui para demostrar que fue meramente profesional.