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El Vaticano celebra esta martes la primera audiencia del juicio por la revelación y publicación de documentos clasificados, en el que están imputadas cinco personas.
La primera vista de este proceso ha sido fijada a las 10.30 hora local (9.30 GMT) y se celebrará en la única sede judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, a pocos metros del ábside de la basílica de San Pedro.
A lo largo de este proceso se tratará de esclarecer la sustracción, divulgación y publicación de material clasificado de la Santa Sede, sobre todo en materia económica, un caso que ya se conoce como “Vatileaks 2″, en alusión al escándalo por la difusión de correspondencia de Benedicto XVI en 2012.
Uno de los cinco acusados es el execónomo astorgano Vallejo Balda, el único que permanece preso como medida preventiva y que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proviene la mayor parte de los documentos difundidos.
También está imputada la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, que fue arrestada con el español y puesta posteriormente en libertad, el ex colaborador de la COSEA Nicola Maio y los periodistas que han publicado los documentos: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
Vallejo Balda, Chaoqui, Nuzzi, Maio y Fittipaldi se enfrentan a una pena de prisión de entre 4 y 8 años. La primera audiencia será el próximo martes, 24 de noviembre, a las 10:30. Si no comparecen serán juzgados en rebeldía.
Un comunicado de la Santa Sede afirma que “el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha tomado medidas para notificar a los acusados y sus abogados de la solicitud de la acusación presentada por el Promotor de Justicia al final de la etapa preliminar de las actuaciones para la divulgación indebida de documentos de información y confidenciales y del decreto de acusación, emitida por el Presidente de la Corte el 20 de noviembre.”
El código penal vaticano incluyó, en su reforma de julio de 2013, bajo el epígrafe,“delitos contra la patria”, el artículo 116 bis que establece que “quien ilegalmente revela o logra información o documentos confidenciales será castigado con prisión de seis meses a dos años o multa de mil euros a 5000 €” y añade que “si la conducta se ha relacionado con información o documentos que tienen que ver con los intereses fundamentales o las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, será aplicable la pena de prisión de cuatro a ocho años.”
La intención de la Ciudad del Vaticano es dictar sentencia antes de que el día 8 de diciembre Francisco abra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro dando comienzo al Jubileo de la Misericordia. Vallejo Balda lleva desde el pasado 31 de octubre en dependencias policiales.
Vetado el abogado escogido por el execónomo
La Justicia vaticana establece que solo pueden participar en estos procesos los miembros de una lista de casi noventa letrados reconocidos por las autoridades de la Santa Sede, a pesar de que el Tribunal de Justicia Europeo ha avalado que los abogados puedan ejercer en cualquier país aunque su título sea de otro.
Por esta razón, la defensa del español ha conocido recientemente que no podrá asistirle y le ha sido asignado un abogado de oficio que, sin embargo, ha renunciado 24 horas antes de que comience el proceso. Se desconoce quién será ahora el encargado de defender a Vallejo Balda.
Del mismo modo, Chaouqui anunció hoy en un mensaje en Facebook que se presentará en el juicio a pesar de que el Vaticano tampoco ha admitido a su abogada, Giulia Bongiorno, una de las más prestigiosas de Italia.
El proceso goza de un enorme interés mediático porque será además la primera ocasión en la que en el banquillo de los acusados del Vaticano se sienten dos periodistas, que ya han criticado que su situación supone “un ataque a la libertad de prensa”.
Y es que se da la paradoja de que, mientras que Italia recoge este principio en el artículo 21 de su Constitución, las leyes vaticanas no estipulan el derecho a la información.
“Nunca me habría imaginado que después de la publicación de “Avarizia” habría acabado investigado, mandado al banquillo y procesado ante los jueces pontificios, escribió este lunes Fittipaldi en el diario “La Repubblica”.
Por su parte Nuzzi, en su blog, lamenta que será procesado por “haber publicado ‘Via Crucis’, un libro en el que reveló muchas cosas incómodas en relación con la gestión del Vaticano“.
También criticó la falta de apoyo por parte de políticos y del Colegio de Periodistas y alertó del regreso de “una peligrosa ‘Nueva Inquisición’”.
Este caso trascendió a la opinión pública el pasado 2 de noviembre, después de que la Santa Sede informara de que había detenido a dos personas por supuestamente haber sustraído material clasificado.
Finalmente el número de imputados ha ido en aumento y están acusados de violar el artículo 116 bis, en el que se tipifica el delito de “procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación”.
La ley penal del Estado de la Ciudad del Vaticano pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros.
En el caso de que estas noticias o documentos fueran de “interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión”
