La decisión del Tribunal Supremo de admitir las medidas cautelares solicitadas por el Estado de la en relación con el toque de queda en Castilla y León demuestra, para la Unión del Pueblo Leonés, “la arbitrariedad rayana en el delito de prevaricación administrativa, cometido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado” a quienes reclaman su “dimisión inmediata”.
“A sabiendas se saltaron la legalidad vigente en perjuicio de todos los leoneses y todos los castellanos”, señalan en un comunicado en el que instan a todas las empresas y autónomos que se hayan visto perjudicados a que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados, “si bien, esas responsabilidades administrativas no pueden ser cargadas para que sean satisfechas por los ciudadanos, vía recursos de la propia Junta, sino que deben de ser satisfechas por estos tres iluminados, personalmente que se saltaron la legalidad vigente”.