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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) pidió este lunes que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura –en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)- “vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo” para que no repercuta la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores.
La organización expresó los “sentimientos encontrados” que genera entre los productores de leche la multa de la CNMC a las industrias lácteas, conocida el viernes. Por un lado, satisfacción, “pues siempre es agradable tener razón”, y por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.
La multa, de 80 millones de euros, se dirige a las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). También han participado en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción ha prescrito, pues el periodo analizado y sancionado es entre 2000 y 2013.
A juicio de UPA ha quedado “de sobra demostrado” que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas “usan a sus ganaderos” en campañas de publicidad para blanquear su imagen, “por detrás nos dan puñaladas traperas”.
La organización de ganaderos exigió a las empresas “que se dejen de recursos” y asuman la multa. Así mismo propuso que el importe de la sanción se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.
La Unión de Pequeños Agricultores explicó que aún hoy la situación de precios hundidos en origen, de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y de falta de poder negociador del primer eslabón son “una realidad dramática”, que provoca un goteo continuo de cierre de granjas: no en vano 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.
