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Una operación conjunta llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional permitió sacar a la luz el origen del patrimonio de una organización criminal que habría obtenido más de medio millón de euros procedentes del narcotráfico. Por ello, a los integrantes se les imputa un delito de blanqueo de capitales acumulado al delito de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública por el que tres personas fueron detenidas y una investigada en el mes de diciembre de 2022.
La investigación se inició en 2022 en el marco de la Operación Atlantis, cuando los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León investigaban la comisión de un delito contra la salud pública, para lo que seguían los pasos de un hombre que se encargaba de gestionar conductores con la finalidad de introducir drogas en la ciudad para su posterior distribución. Los vehículos que utilizaban eran propiedad de uno de los encartados y ocultaban las drogas en huecos ocultos.
En una primera fase de la investigación se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en los que se intervinieron cuatro kilos de cocaína y 33.000 euros en efectivo, así como útiles de disposición de drogas y diversos vehículos, por lo que se procedió a la detención de tres individuos y uno más investigado todos ellos por un delito contra la salud pública.
Los investigadores ya sospecharon en ese momento que los implicados blanqueaban los beneficios obtenidos por la venta de cocaína a través de dos sociedades, una de ellas dedicada a la explotación de locales de ocio nocturno y otra relacionada con la construcción, por lo que continuaron con la investigación tras las detenciones.
Así, a pesar de los 33.000 euros en efectivo incautados a los investigados en el momento de las detenciones, la Comisaría Provincial de León, coordinada con la Agencia Tributaria de León, a fin de indagar de manera más exhaustiva en las cuentas de los detenidos y las de su entorno, desarrollaron una investigación que llevó a la aparición de más de medio millón euros, repartidos en cuentas bancarias, inmuebles y activos financieros.
Los investigados utilizaban un total de 26 cuentas corrientes a nombre de terceras personas, entre ellas menores de edad, y personas jurídicas siendo partícipes de diversos activos financieros mediante los que blanqueaban importantes sumas de dinero cuyo origen estaba en la distribución de sustancias estupefacientes, sin que conste ninguna otra actividad que pudiera justificar los ingresos que figuraban en esas cuentas bancarias.
En este sentido, se tomó declaración a ocho testigos que corroboraron las sospechas de los investigadores y pusieron de manifiesto el nivel de especialización de la organización criminal a la que pertenecían.
Uno de los investigados se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y una pena de multa de un millón de euros, y, junto con otras tres personas, se enfrentan como presuntos autores a un nuevo delito, en este caso de blanqueo de capitales, cuya pena oscila entre los seis meses y los seis años de prisión, además de responder con una multa del triple del dinero defraudado.
