El informe encargado al grupo de Alto Nivel sobre el Azúcar, presentadas este lunes al Consejo de ministros de la UE, constató el hecho de que desde la liberalización de las cuotas, la oferta de azúcar se ha incrementado en un 25 por ciento, subida que no ha absorbido el mercado. También reconoce la “presión” de los mercados internacionales, que, de aprobarse en los términos actuales el acuerdo con Mercosur, “aún sería mayor y debilitaría más a los remolacheros europeos”.
En este sentido, Asaja Castilla y León calificó este lunes de “completamente decepcionantes” las conclusiones, que “diagnostican problemas, pero en ningún momento aportan soluciones para un sector sumergido en la mayor crisis de precios de su historia, y que los fabricantes se han limitado a repercutir a los productores, como ha hecho Azucarera con los remolacheros de Castilla y León”, apuntó Asaja.
La organización profesional agraria no entiende que se encargue un informe para contribuir a sostener un sector, “y más bien se ocupen de poner palos en las ruedas, cuestionando hasta si la ayuda asociada distorsiona el mercado o que algunos países, entre ellos España, hayan permitido excepcionalmente los neonicotinoides, porque no existe una alternativa agronómica a su uso, como bien sabrán esos expertos”.
El informe “se pierde”, a juicio de Asaja, en propuestas “bienintencionadas”, como que hay que lograr una mayor transparencia en los mercados o mejorar la posición del agricultor en la cadena de valor, “pero no aclara en ningún momento cómo conseguir estos objetivos, cuando la industria está yendo justo por el camino opuesto, socavando los colectivos y la interprofesión, las herramientas que tienen los remolacheros para defender colectivamente sus intereses”.
Por ello, para Asaja resulta “desolador” que, tras varios meses de trabajo, en el documento “no se aporte una sola solución, máxime cuando reconoce que el sector remolachero azucarero es vital tanto para los agricultores como para el entramado social y de empleo en zonas rurales en las que hay escasas o nulas posibilidades de crear otras industrias”.
Para concluir, la opa consideró que tanto el Ministerio de Agricultura como el nuevo Gobierno de Castilla y León “tienen que asumir como batalla principal la defensa de la continuidad del sector remolachero y de la fabricación de azúcar en la Comunidad, en la que radica el 68 por ciento de la producción de remolacha nacional”.