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Un 26,8 por ciento de enfermeras y enfermeros sufrieron COVID-19 en Castilla y León, según la encuesta difundida por el Sindicato de Enfermería SATSE, que concluye que estos profesionales ponen de nota un 3,5 sobre diez a la gestión de la Consejería de Sanidad a la hora de solucionar sus problemas durante la crisis sanitaria. También suspenden con un tres la cantidad y calidad del material de protección que han tenido a su disposición, con lo que se vieron obligados, en ocho de cada diez casos, a reutilizar las mascarillas FPP-2 o FPP-3 para atender a pacientes y ciudadanos.
Estos resultados proceden del análisis que la empresa especializada en estudios online Sondea ha elaborado para SATSE, tras realizar una encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 enfermeras y enfermeros del conjunto del Estado sobre su situación y condiciones de trabajo en la actual crisis sanitaria del covid-19.
La alta afectación de la enfermedad dentro del colectivo enfermero, la “falta de suficiente material y equipos de protección”, así como de pruebas diagnósticas, y las “graves consecuencias” que su lucha contra la enfermedad ha supuesto nivel personal y familiar son algunas de las principales conclusiones del estudio y que, a juicio de SATSE, “refrendan las sucesivas y reiteradas denuncias que desde la organización sindical se han realizado tanto a nivel nacional como internacional”.
En Castilla y León, el estudio señala que nueve de cada diez profesionales de enfermería encuestados han trabajado durante la crisis (92,1 por ciento) y un 94,7 por ciento ha tenido contacto con pacientes diagnosticados o sospechosos de coronavirus. De los enfermeros encuestados, un 26,8 por ciento asegura haber tenido síntomas de la enfermedad.
En cuanto a las pruebas de detección de la enfermedad, fueron realizadas al 96,9 por ciento del colectivo en la Comunidad Autónoma. El análisis apunta que a un 42,1 por ciento les han hecho pruebas PCR, a un 77,5 por ciento, test rápidos, y a un 44,9 le realizaron estudios serológicos.
En lo que respecta a la protección con la que han contado para realizar su trabajo, la cantidad y calidad del material disponible ha sido valorado por los profesionales durante las peores semanas de la pandemia con 3,6 puntos sobre 10, siendo “muy mal puntuada”, pues el 65,4 por ciento ha puesto notas de entre 0 y 4. Ahora la percepción se mantiene con una media de 4,9 y es suspendida por un 39,3 por ciento de los profesionales encuestados.
Asimismo, casi ocho de cada diez enfermeras y enfermeros consideran que necesitarían más información y formación sobre el manejo de los EPIs (77,2 por ciento) y un 35,9 por ciento declara no haber recibido ningún tipo de información y formación al respecto.
El material que más han tenido que reutilizar las enfermeras ha sido la mascarilla FPP-2 o FPP-3, en concreto, un 83,1 por ciento de los profesionales encuestados. Por otra parte, algo más de la mitad afirman haber reutilizado mascarillas quirúrgicas y un 50,2 por ciento, batas impermeables, mientras que un 21,1 lo hizo con trajes de buzo de los de un solo uso.
Nota de la gestión
De otro lado, la encuesta pregunta sobre la gestión de la Consejería a la hora de solucionar sus problemas durante la crisis sanitaria, y le dan una nota media de 3,5 sobre 10. En cuanto a la implicación del centro sanitario o sociosanitario en el que trabajan durante la crisis, lo puntúan con un 4,4, mientras que lo hacen con un 5,8 a la implicación de su mando superior.
El estudio realizado también concluye que un 22,8 por ciento de las enfermeras de la Comunidad han realizado alguna denuncia, escrito de queja o similar respecto a las circunstancias de seguridad existentes en las semanas de crisis sanitaria.
Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha afectado a la estabilidad del puesto de trabajo al 22 por ciento de las enfermeras y enfermeros encuestados y un 11,9 por ciento ha necesitado ayuda psicológica por la ·sobrecarga laboral y duras condiciones que han tenido que soportar·, tales como estrés, ansiedad, contacto permanente con el dolor y, en muchas ocasiones, la muerte, según el estudio realizado por la empresa Sondea.
“Las conclusiones del estudio no dejan lugar a dudas de que la falta de previsión y diligencia de las autoridades competentes ha puesto en grave riesgo a la salud y seguridad de las enfermeras y enfermeros, así como la de las personas de su entorno”, subrayó SATSE, que insistió en que “todos los problemas, errores y deficiencias constatadas no pueden volver a producirse en caso de nuevos rebrotes de la enfermedad, porque sería una falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y de los profesionales”.
