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La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León lamentaron hoy la falta de inspecciones por parte de la Junta a algunas residencias de personas mayores, sobre todo privadas, de la Comunidad, además de que muchos centros no aplicaron los protocolos establecidos de protección ni los aislamientos de enfermos de Covid-19 o con síntomas, que han provocado algunas situaciones “muy preocupantes” y “severas”. Pese a reconocer que no es el momento de las críticas, “que llegarán en su momento”, sino de remar en la misma dirección, los sindicatos aseguraron que “aún se está a tiempo” para establecer medidas para evitar que los casos de contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus “vaya a más”.
Además, demandaron un un gran Pacto por la Atención de Nuestros Mayores, con la participación del Ejecutivo regional, los ayuntamientos, las diputaciones, los agentes sociales y económicos y las empresas prestadoras de servicios del sector para apostar por un nuevo modelo de atención a la dependencia, que aborde el problema actual y también la situación que quede después de la pandemia por Covid-19.
En una rueda de prensa telemática conjunta entre los dos sindicatos, la secretaria autonómica de Política Social de CCOO, Inmaculada de Pablo, apostó por “parar” y “taponar” la situación que padecen los centros de mayores de la Comunidad. No en vano, alertó de que el 30 por ciento de los 1.214 centros y residencias de Castilla y León está “muy afectada” y reclamó por analizar cada centro y adoptar las medidas necesarias, unas de forma urgente y otras a corto y medio plazo, para que los casos de contagiados y fallecidos por el coronavirus “no vayan a más”.
No en vano, el comunicado de UGT y CCOO pidió “máxima atención” a los “varios y serios” problemas detectados a raíz de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. “Es imprescindible que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, o quien la Junta determine, muestre un claro liderazgo para afrontar una situación sin precedentes de la que surgen los diferentes problemas cuyas consecuencias dejan ver un panorama nada alentador si no se actúa”, aseveraron.
La responsable sindical de Comisiones Obreras reconoció, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, de que haberse realizado más inspecciones, no solo por vía telefónica, o haber hablado con el personal y los comités de empresa de esos centros se hubieran detectado irregularidades cuando el problema era áun leve o moderado, antes de derivar en situaciones graves.
En el mismo sentido, se pronunció la secretaria de Política Social de UGT Castilla y León, Azucena Pérez, quien criticó las actuaciones en algunas residencias de ancianos donde se tomaron medidas “tarde” y “a matacaballo”, además de existir problemas organizativos, bajas de personal no cubiertas ni la reorganización de los turnos que impidieron una adecuada atención de los usuarios.
“Ante la duda, hay que aplicar el principio fundamental de la precaución y tratar a todos los usuarios como si estuvieran afectados, con los Epis reglamentarios, las mascarillas, las batas impermeables, los guantes y las pantallas protectoras, sobre todo cuando hay atención directa, así como extremar al máximo las medidas de higiene”, significó Pérez. A su juicio, tampoco es el momento de pedir responsabilidades que llegará “cuando llegue el caso” y se haya analizado “tranquilamente” todo. También, señaló que es el momento de “sumar” y no hacer críticas.
Los sindicatos abogaron por intervenir desde la experiencia, aprovechar las buenas experiencias incorporadas en algunos centros residenciales -donde no ha habido contagiados o la afectación es muy baja- y ponerlas en práctica en otras residencias. De Pablo justificó el elevado número de positivos por Covid-19 en las residencias por contar con unos espacios comunes que facilitan la convivencia, como si fuera su domicilio. Es decir, se refirió a que son centros preparados para un modelo de convivencia útil en etapas “normales”, pero, a tenor de las situaciones críticas que el coronavirus han demostrado que no estaban, “en modo alguno”, preparados para responder ante una pandemia de “este calado”.
De ahí que los sindicatos consideraran “imprescindible” actuar en los centros, especialmente y con urgencia en los que tienen datos más negativos, con alternativas en función de las carencias detectadas. Entre ellas, la falta de equipo de protección adecuados para usuarios y personal; los problemas organizativos; el refuerzo del personal (ya sea por bajas por contagio u otros motivos); la asunción de las competencias de forma temporal y el traslado de pacientes a otros centros o puntos intermedios ante la falta de espacio. No en vano, señalaron que algunas residencias disponen de recursos para repartir a los enfermos y con síntomas por plantas o el aislamiento de habitaciones pero es imposible en los centros más pequeños.
Además, se mostraron partidarios de ajustar determinados servicios domiciliarios a la realidad. En ese sentido, UGT y CCOO recordaron que la permanencia en los domicilios ha demostrado que salva vidas, siempre y cuando se proporcionen medios que aporten seguridad a las personas usuarias y se garantice el derecho en la seguridad para las personas trabajadoras. Medidas que, a su juicio, permitirán mantener los contratos en vigor y reincorporar las cancelaciones temporales de servicios, que se han producido en las últimas semanas por temor a contagios.
También, apostaron por incrementar el servicio de teleasistencia y potenciar la avanzada para tener mejor atendidas a las personas; reforzar la comida a domicilio para los mayores y colectivos con discapacidad e incorporar al servicio actuaciones como hacer la compra o la atención a las necesidades farmacéuticas.
Ayuda a domicilio para usuarios de centros de día
Por último, hicieron referencia a las 8.250 personas beneficiarias de centros de día, que están cerrados desde el mes de marzo. En estos casos, los sindicatos reclamaron que se les ofrezca el servicio de ayuda a domicilio, al reconocer que los centros de día no abrirán de forma inmediata y que los apoyos familiares que hoy tienen se reducirán en la medida que se vaya reanudando la actividad laboral.
Os voy a contar cómo es una inspección de la Junta en una residencia de mayores o dependientes: la Junta anuncia a la dirección con antelación cuándo va a ir a inspeccionar, en lugar de hacerlo por sorpresa, de entrada algo que ya está mal porque esto da tiempo a la dirección del centro a tapar las vergüenzas. Incluso ese día se limpia más y se ordena al personal estar más atento a los usuarios, hasta hay comida de día de fiesta, para que la autoridad se crea que las cosas son así todos los días. A los trabajadores se les veta hablar con los representantes de las administraciones encargados de hacer las inspecciones, por si se van de la lengua. El director del centro se reúne con el inspector en su despacho, a puerta cerrada, los dos solos y a saber qué le contará. La mayoría de las veces la inspección empieza y acaba ahí, en el despacho de dirección y el inspector no se digna ni a dar una vuelta por el centro, y, si la da, sin separarse del director quien le lleva por los lugares del centro que le interesa que vea y le oculta otros. Desgraciadamente, es así y lo cuento tal cual es porque lo he vivido.