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La labor de la Inspección de Trabajo en materia de Seguridad Social permitió aflorar 5.672 empleos irregulares (sin alta) durante 2015, lo que supone un diez por ciento más que el año pasado, es decir, 535 puestos de trabajo sumergidos.
Los datos facilitados a Ical, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, indican que los inspectores registraron 2.825 infracciones en esta materia, un 7,2 por ciento menos que en 2014, y pusieron sanciones por más de nueve millones de euros, aunque esa cuantía representa una rebaja del 13,1 por ciento en comparación al año anterior.
Sin embargo, los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social reportaron a las arcas del Estado 38,98 millones de euros, un 9,1 por ciento más que en 2014. Estas actuaciones regulatorias, no sólo incluyen las cuotas de los empleos en negro, que “·se dan de alta inmediatamente tras su detección”, sino que también contempla los fraudes en las cotizaciones, horas extras, pluses, sucesión encubierta en empresas del un mismo trabajador, etc..
La labor de los inspectores también supuso la conversión de 2.981 contratos temporales irregulares, en indefinidos, un 35,1 por ciento más que en 2014, tras detectar encadenamientos o causas coyunturales para su firma que deberían haber sido de carácter permanente y que se enmarcaron en un fraude de ley.
El derecho “primigenio”
Responsables de la Inspección de Trabajo en Castilla y León explicaron a Ical, que su labor es esencial, porque el empleo negro es el problema “primigenio” tras el que el resto de los derechos del trabajador dejan de existir, junto al perjuicio económico para el sostenimiento del estado de bienestar social. En este sentido, incidieron en que es preciso impulsar la cultura de la legalidad y denunciar unas prácticas que conculcan los derechos de los ciudadanos.
En cuanto a las cifras, expusieron que frente a estas prácticas “todo lo que se haga es poco” y recalcaron el incremento de las irregularidades detectadas durante los años de la crisis, tanto por la situación económica, que supuso un caldo de cultivo para estas prácticas ilegales, como por los planes de lucha impulsados por el Gobierno contra la economía sumergida. En este sentido, cabe recordar que en 2008, los empleos aflorados fueron 2.276, un millar 3.396 menos que este año, aunque desde el ministerio se mostraron convencidos de que “cuanto más mejore la situación económica, lo lógico es que haya menos, pero como es sumergido, es imposible que exista una estadística real sobre el mismo”.
Casi 140 inspectores
Las fuentes inspectoras consultadas por Ical, defendieron su labor como “imprescindible” y aunque asumieron que los medios siempre son escasos, destacaron que en Castilla y León, el ministerio cuenta casi con 140 inspectores, y la Comunidad, es la de mayor ratio por número de cotizantes a la Seguridad Social, sólo por detrás de La Rioja. Destacaron que “afortunadamente” durante la crisis la oposición a inspector de trabajo “se ha ido convocando todos los años” aunque recalcaron las dificultades a las que se enfrentan en Castilla y León, sobre todo por la enorme extensión geográfica de la Comunidad.
Los inspectores de Trabajo aseveraron que existen también sectores en los que es muy difícil que puedan actuar, como el de trabajo en el hogar. En relación a su forma de actuar, explicaron que entre el 70 y el 75 por ciento de sus actuaciones, se planifican, y se definen visitas, por ejemplo, a banquetes de boda, o a bares por la noche. El resto, entre el 25 y el 30 por ciento de sus movimientos, responden a denuncias, aunque aclararon que “lo malo es que muchas llegan cuando ya le han echado a la calle, y ya no se puede probar”.
Por lo que se refiere a los sectores en los que se detectan mayores irregularidades en materia de Seguridad Social, recalcaron que se mantiene la tónica año tras año, con la hostelería a la cabeza. Asimismo, en segundo lugar situaron las labores en el campo, que “copan” prácticamente los extranjeros comunitarios, como búlgaros y rumanos, o portugueses y marroquíes en el caso del pastoreo. Con todo, defendieron que los trabajadores foráneos conocen perfectamente cuáles son sus derechos, aunque “otra cosa es la necesidad que tengan porque todos tenemos que comer”.
Provincias
El análisis provincial refleja que el número de empleos aflorados fue mayor en Valladolid, 1.077, seguida de León, 1.066; Burgos, 828; Zamora, 803; Salamanca, 725; Segovia y Palencia, 364 en ambos casos; Ávila, 294; y Soria, 151. En términos relativos, los empleos en negro descubiertos crecieron un 75,7 por ciento en la provincia zamorana; un 30,6 por ciento en la burgalesa; un 18,1 por ciento en a leonesa; un 5,7 por ciento en la vallisoletana; un 3,1 por ciento en la palentina; y un 2,7 por ciento, en la soriana. Por el contrario, bajaron un 21,2 por ciento en la segoviana; un 13,9 por ciento en la salmantina; y un 8,1 por ciento en la abulense.
En cuanto a las sanciones, se impusieron 1.016 en León; 422 en Valladolid; 305 en Burgos; 285 en Salamanca; 247 en Zamora; 209 en Segovia; 136 en Palencia; 108 en Soria; y 97 en Ávila. La cuantía impuesta por estas prácticas de fraude se situó en 2,7 millones en la provincia leonesa; 1,38 en la vallisoletana; 1,3 en la salmantina; 1,11 en la burgalesa; uno en la zamorana; 617.845 euros, en la segoviana; 338.121 en la soriana; 263.735 en la abulenses, y 257.867 en la palentina.
La evolución de estos datos refleja que el número de infracciones detectadas se elevó un 62 por ciento en Segovia; un 15,9 por ciento en Salamanca; un 11,3 por ciento en Burgos; un un ocho por ciento en Soria; y un 4,2 por ciento en Zamora; mientras que mermó un 40,9 por ciento en Valladolid; un un 13,4 por ciento en Ávila; un 7,5 por ciento en Palencia; y un 6,4 por ciento en León. La cuantía de las multas se disparó un 108,1 por ciento en Salamanca; un 47,7 por ciento en Segovia; un 31,1 por ciento en Soria; y un 25,1 por ciento en Burgos; y se redujo un 51,9 por ciento en Valladolid; un 33,1 por ciento en Ávila; un 31,2 por ciento en Zamora; un 13 por ciento en León; y un 6,3 por ciento en Palencia.
Por lo que se refiere a los expedientes liquidatorios de la Seguridad Social, permitieron recaudar 10,15 millones de euros en Valladolid; 7,5 millones en León; 6,24 en Burgos; 3,85 en Salamanca; 3,73 en Segovia; 2,7 en Palencia; 2,26 en Zamora; 1,39 en Ávila; y 1,13 en Soria. Estas cuotas recuperadas se elevaron respecto a las de 2014, un 43 por ciento en la provincia segoviana; un14,8 por ciento en la burgalesa; un 13,9 por ciento en la palentina; un 12,1 por ciento en la leonesa; y un 11,4 por ciento en la vallisoletana. Por el contrario, bajaron un 16,5 por ciento en la zamorana; un 12,2 por ciento en la abulense; un 12,1 por ciento en la leonesa; un 4,2 por ciento en la salmantina; y un 2,7 por ciento en la soriana.
Por último, los contratos convertidos en indefinidos fueron 634 en León; 592 en Valladolid; 422 en Burgos; 379 en Salamanca; 280 en Segovia; 215 en Palencia; 232 en Zamora; 129 en Ávila; y 98 en Soria. En evolución porcentual, los contratos trasformados crecieron un 83,2 por ciento en León; un 47,6 por ciento en Burgos; un 46,6 por ciento en Segovia; un 35,5 por ciento en Valladolid; un 29 por ciento en Ávila; un 22,9 por ciento en Palencia; y un 22,8 por ciento en Zamora; mientras que descendieron un 1,3 por ciento en Salamanca; y un uno por ciento en Soria.
