Toxo: “La izquierda está obligada a entenderse. La ciudadanía no comprendería que se desaprovechase esa oportunidad”

¿Qué impacto está teniendo en la economía el periodo de impasse en el que lleva España desde el otoño pasado?

Una situación de impasse tan prolongada de tanto tiempo, la no adopción de medidas, que hay que tomar, está teniendo un impacto difícil de cuantificar, pero la parálisis no ayuda a consolidar un cambio de ciclo, y menos un cambio de ciclo inclusivo que resuelva los problemas generados por la crisis. Además, existe mucha incertidumbre en el panorama internacional, el crecimiento se está ralentizando y tenemos en Europa una incógnita, que se despejará el día 23, sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea.

¿España está perdiendo inversiones por este escenario político?

Yo creo que lo que hay es mucha propaganda en torno a esta cuestión. Ya se decía el 20 de diciembre con la expectativa de cambio y, posteriormente, con el hecho de que no se llegase a un acuerdo. Sin embargo, yo creo que está retrayendo la inversión tener el gasto público bajo mínimos y tener sobre nosotros la amenaza de un nuevo ajuste de 8.000 millones de euros y una posible multa de la Unión Europea. La falta de actividad de las administraciones, tanto de las comunidades autónomas, como de los ayuntamientos que están tiesos, es lo que está afectando a la inversión.

Las encuestas vuelven a reflejar un escenario similar y el riesgo de bloqueo entre fuerzas políticas. ¿Cuál es la fórmula para lograr un nuevo gobierno?

Quien quiera que sea la lista más votada, ¡qué promueva un cambio constitucional! España no es un sistema presidencialista, aquí no hay doble vuelta como en Francia, tenemos un modelo parlamentario. ¿Por qué es más legítimo que gobierne una lista con el 28 por ciento que la suma de las demás, por ejemplo, que podrían superar el 70 por ciento? Ésta la dinámica de los partidos perdedores, que después de pasar por una mayoría absoluta abrumadora, ahora se ven fuera del tablero. Las coaliciones de gobierno funcionan en la mayoría de los países europeos. Yo en España no veo un escenario de gran coalición (PP y PSOE), más bien estamos en un momento de tránsito, desde un bipartidismo imperfecto. Las encuestas hablan de dos bloques, con una cierta ventaja de la izquierda sobre la derecha. Ya hubo una oportunidad de formar un gobierno de cambio, con dos o tres componentes, que es lo que España necesita, un gobierno que alinee la economía, repartiendo los beneficios del crecimiento con las necesidades de las personas, que no son otras que el desempleo masivo, la pobreza y las desigualdades.

¿Es partidario de un ejecutivo sustentado por Unidos Podemos y el PSOE frente a una coalición más transversal?

La izquierda está obligada a entenderse. Una buena parte de la ciudadanía no entendería que teniendo la oportunidad de hacerlo no la aprovechasen.

¿Los corsés de la política europea permitirán un gobierno que dirija la economía hacia las necesidades que identifica en la sociedad española?

Si miramos hacia Grecia parece que es difícil, pero este país representa el dos por ciento del Producto Interior Bruto de Europa y España, el 12 por ciento. Lo podrá hacer un gobierno que tenga las cosas claras, que no plantee locuras, porque se pueden hacer cosas, pero no todas y al mismo tiempo, y que lo primero que se proponga es ir a renegociar las condiciones de cumplimiento de los objetivos de déficit tiene argumentos sólidos de peso que permitan lograr un escenario de consolidación fiscal distinto.

¿Y las finanzas españolas permiten otra política diferente a la austeridad y la disciplina presupuestaria?

El nuevo gobierno tiene que buscar sus propios márgenes y en la política interna deben llegar de la mano de una reforma fiscal. España no tiene un problema de exceso de gasto público, tal vez de eficiencia, sino de ingresos. Toda Europa ha apostado por subir el IVA, algo que desequilibra la carga fiscal. España tiene un margen en la lucha contra el fraude, pero también equilibrando las cargas entre las rentas del trabajo y del capital. Además, el Impuesto de Sociedades tiene un potencial importante. Por tanto, se trata de conseguir ingresos adicionales que permitan una intervención más activa de las administraciones en el impulso de la actividad económica y no me refiero a que el Estado vuelva a fabricar acero. Además, los nichos del empleo en el futuro están en los servicios a las personas, no en la construcción residencial.

¿Y la banca, está dispuesta a financiar otra política pública?

Necesitamos financiación de los bancos, que desgraciadamente mira más a sus balances que a las necesidades del país, captando dinero a bajo precio del Banco Central Europeo para invertirlo en deuda pública. Yo creo que es obligado configurar una banca comercial pública, más allá del ICO -Instituto de Crédito Oficial-, aprovechando que hemos tenido que dedicar mucho dinero para sanear una parte del sistema financiero y Bankia y el Banco Marenostrum son esa pieza, para que el crédito llegue a familias, empresas solventes.

¿Un giro en la política fiscal en el sentido que defiende CCOO amenaza la competitividad de la economía española?

El Impuesto de Sociedades menor, real, es el de España para las grandes empresas, que tributan mucho menos que las pequeñas ya que utilizan la ingeniería fiscal a través de bonificaciones y exenciones. De hecho, de media la gran empresa tributa en nuestro país por debajo del cinco por ciento. Tenemos que conseguir que las empresas paguen y dejar las subvenciones para aquellas que se comprometan a incrementar el empleo y a invertir en la mejora de los procesos productivos. Tenemos un diferencial de ingresos fiscales de ocho puntos de media, incluidas las cotizaciones sociales, por debajo de la referencia europea, pese a la propaganda que se hace. Lo que no se debe utilizar son las amnistías fiscales, que permite regularizar los recursos pagando el tres por ciento o rebajas fiscales por motivos fiscales.

En esta nueva campaña se están proponiendo de nuevo bajadas impositivas, exenciones y recargos para grandes fortunas.

No se puede decir a la gente, porque es engañarles, que se van a bajar los impuestos, porque al mismo tiempo hay que decirle que no va a haber nuevas carreteras, ferrocarriles y que funcionarán mal los servicios públicos. Si queremos tener servicios públicos, tenemos que tener un sistema fiscal potente. El sistema de pensiones necesita de ingresos adicionales, porque no puede soportar una agujero de 12.000 millones cada año. Hasta ahora tenemos el Fondo de Reserva, pero se agota en 2018 al ritmo de consumo actual y España tendrá en 25 años unos 15 millones de pensiones y jubilados. Se deben buscar nuevos recursos a través de mejores empleos, por eso proponemos subir el salario mínimo a 800 euros. Poner un nuevo impuesto debe llevar una reflexión a fondo sobre de donde pueden llegar los recursos que el sistema necesita. Necesitamos unos 40.000 millones hasta 2030 para mantener la calidad actual de las pensiones, que yo creo que se pueden conseguir con la imposición directa. Quien piense que con una sola medida va a solucionar el problema de la Seguridad Social o está confundido o está engañando a la gente. Aquí se necesita recuperar el Pacto de Toledo, que todos los actores se siente a negociar y que la próxima reforma de la Seguridad Social, que se abordará sí o sí, sea para mejorar la estructura de ingresos del sistema.

Otra de las iniciativas se centran en la retirada o mantenimiento de las reformas laborales. ¿Su derogación conllevará una subida del paro?

Las dos reformas han acelerado la destrucción de empleo y ahora, en la salida de la recesión, están provocando un deterioro de la calidad del empleo. Han dejado una economía más pequeña, menos trabajo y un fenómeno del franquismo, el de la pobreza laboral. Quien crea que con un modelo laboral de bajo coste vamos a poder competir en un mercado global de calidad se equivoca. Nosotros no estamos ganando presencia exterior. Precisamente, no han sido las empresas del sector exterior las que han empeorado las condiciones laborales.

¿Cuál es la alternativa, recuperar la anterior regulación laboral que tampoco frenó el aumento del paro?

No, tenemos que sentarnos y negociar para consensuar un modelo laboral para una economía que quiere insertarse en el elenco de las naciones más desarrolladas. Creo que se debe dar un impulso a la flexibilidad interna desde la negociación colectiva porque las ganancias de productividad en este país se logran sobre la base de destruir empleo y se tienen que conseguir dentro de las empresas, como ha hecho los sindicatos en el grupo Renault o en otras tantas empresas. Es decir, el objetivo debe ser conservar el empleo y conseguir unas condiciones competitivas mejores para las empresas.

¿El crecimiento económico permite implantar una nuevo modelo de relaciones laborales o debe ser una aspiración a largo plazo?

Hay que hacerlo ahora, ya, porque si no perderemos el tren. En este momento, en España el modelo que ha generado las reformas es perverso, que conecta con aquel que trajo la gran recesión del año 2008. Estamos incentivando a base de deteriorar el factor trabajo un modelo económico low-cost, escasamente competitivo y de escaso valor añadido. España tiene que migrar poco a poco, estas grandes transformaciones no se hacen en poco tiempo, hacia un modelo en el que los sectores industriales tomen un peso mayor en la composición de nuestra economía, alternativo a aquel que cebó la burbuja inmobiliaria.

Y sobre la Renta Garantizada de la Ciudadanía, ¿España se la puede permitir?

La necesitamos como Estado, por lo tanto, tenemos que hacerla posible porque un estado que abandona a la gente que peor está no merece ser llamado democrático.

¿Suponen un riesgo los planteamientos territoriales de algunos partidos que defienden ta también una enmienda a la totalidad al modelo constitucional de 1978?

La Constitución de 1978 fue la constitución de su tiempo, pero no solo la que se pudo, fue de las más avanzadas del mundo, fruto de las conquistas peladas por el movimiento obrero español de la década de los 70. En gran medida tiene vigencia, pero el tiempo no pasa en balde, porque hemos desarrollado un estado de las autonomías, que se ha quedado estrecho, por lo que se debe plantear una reforma constitucional para atender las demandas territoriales, pero también para corregir la reforma del artículo 135 y recoger aspectos importantes de los derechos laborales. España necesita avanzar sobre el estado de las autonomías hacia un estado federal, hay que perderle miedo a las palabras, pero para eso se necesita un gran consenso.

Los nuevos partidos han introducido en el debate la renovación de las organizaciones sindicales.

Creo que el sindicato debe avanzar en la misma línea que la sociedad española, porque el mundo del trabajo ha cambiado mucho y esas transformaciones se han acelerado con la crisis. Se ha avanzado hasta llegar a la individualización de las relaciones laborales, que ahora algunos le llaman el emprendimiento, que es arréglate como puedas. El sindicato tiene que adaptarse para seguir siendo útil en ese contexto, pero también para disponer de la capilaridad necesaria para atender a un tejido productivo diseminado, así como a la feminización del trabajo o a los jóvenes para que se puedan incorporar al mercado laboral. CCOO tiene que evolucionar en relación con la comunicación y las nuevas tecnologías.

La despoblación es uno de los principales problemas de Castilla y León, ¿existen soluciones para ponerle freno?

Tenemos la necesidad de evitar que la riqueza y las personas se concentren en unas áreas concretas. La solución depende de las políticas públicas, de las redes de comunicaciones y del acceso a las nuevas tecnologías, es decir, de vías físicas, pero también digitales. La brecha en esta materia empieza a ser también un problema muy serio para el país, que tiene grandes polos de atracción, pero que va dejando al resto de lado. Hay que apostar por el transporte ferroviario, por los nodos de comunicación intermodales porque el modelo radial está superado.

En relación con la población, otro de los caballos de batalla para la Comunidad es el actual modelo de financiación.

Cada comunidad denuncia un déficit en la percepción de recursos. Seguramente no sea así, pero ineficiencia habrá. Este país ha descentralizado hacia las comunidades autónomas pero éstas a su vez han centralizado los recursos. Los ayuntamientos son una pieza capital y quizás necesitemos una segunda descentralización. El nuevo modelo de financiación debe nacer del consenso y su negociación no puede estar presidida por la idea de que cada uno debe recibir lo que genera. Debe tener como eje vertebrador la solidaridad interterritorial para un país que quiere seguir junto, que tampoco le ha ido tan mal así, pero que debe procurar dar la misma calidad de servicios a los ciudadanos con independencia del territorio donde vivan.

Castilla y León ha recibido dos anuncios recientes de cierres de empresas por parte de multinacionales, ¿es una tendencia?

Yo espero que no sea así. He podido hablar con los trabajadores de Lauki y Dulciora y creo que la búsqueda de la maximización del beneficio de las empresas debe incorporar la de la cohesión de los territorios y el compromiso con el lugar donde están presentes. No es Castilla y León una comunidad sobrada de instalaciones industriales y el conjunto de la sociedad, empezando por sus administraciones, deben hacer un esfuerzo y comprometer con él al sector empresarial. A veces es muy difícil, por no decir imposible, conseguir virar el pulso a una multinacional que decide desinvertir en un lugar. Pero todas las capacidades de presión políticas o sociales se deben poner en marcha.

La muerte de la minería está escrita, ¿todavía es posible encontrar una vía que mantenga la actividad durante unos años?

Estamos en una situación muy delicada, ante la progresiva reducción presencia del carbón. A pesar de las políticas europeas, en España se va a seguir quemando carbón para producir electricidad durante bastante más tiempo que el horizonte establecido. Por tanto, si se cierran las minas en España, se utilizará mineral de importación, por lo que tampoco se habrá resuelto el problema de la contaminación ambiental. Por tanto, en el horizonte de vida útil de de las instalaciones eléctricas se debería apostar por el carbón nacional, mejorando la forma en que es quemado en las centrales térmicas. Tal vez haya que hacer mayores esfuerzos para reducir las emisiones y para evitar que el carbón español sea sustituido por el procedente de Polonia, Sudáfrica o Australia.

Una de las señas de identidad de la Comunidad es su modelo de diálogo social.

En otros territorios se ve con envidia sana como aquí se mantiene una forma de trabajar desde el diálogo. Yo creo que el PP de Castilla y León, que lo que quiere es ganar las elecciones, ha entendido que tiene que hacerlo desde el hecho de contar con el conjunto de los actores, también porque las organizaciones sindicales y CCOO en particular, han sido muy activa y han presionado para que se mantenga. No obstante, con el límite de déficit actual, los márgenes se han reducido. Yo creo que un modelo así debería ser el que presidiese las relaciones en el resto de territorios y en el Estado. Yo no se si el PP detiene contradicciones con el central, pero es cierto que ha decidido poner fin en la práctica a la concertación social y con la austeridad como bandera ha arruinado 20 años de diálogo social muy eficaz. Por ello, espero que en el futuro Castilla y León deje de ser una isla.

Finalmente, ¿qué balance hace de la gestión del secretario autonómico Ángel Hernández, que afronta su último mandato?

Con todas las dificultades que tiene un territorio con la amplitud de Castilla y León y el hecho de que no haya una masa laboral crítica, como el que hay en otros lugares, se ha construido una organización, sólidamente asentada en el tejido económico y laboral de la Comunidad, que dentro de la organización utilizamos muchas veces como ejemplo. También es destacable sus resultados en las elecciones sindicales o en el sostenimiento de la afiliación en unas condiciones tremendamente difíciles. Tiene un aprobado alto, sino más.