El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la autorización aprobada en 2011 por la Dirección General de Minas, señalando que no se habían tenido en cuenta las alegaciones presentadas por algunas empresas
Contra la resolución cabe recurso por lo que no es firme pero el contencioso remitirá la sentencia a la Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de algún tipo de delito penal
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