El objetivo de implantar una administración electrónica que funcione con el sistema de ‘papel cero’ y los “drásticos cambios en el sistema de funcionamiento” que ello supondrá centraron la jornada sobre nuevas leyes de procedimiento administrativo del sector público, organizada por la Diputación de León, en colaboración con la fundación Democracia y Gobierno Local. “Es importante que la aplicación práctica de estos cambios sea paulatina y lo menos traumática posible para el ciudadano”, explicó el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo.
El principal fin de la jornada es que los funcionarios de las administraciones locales, especialmente secretarios e interventores, conozcan las modificaciones que alterarán los cauces y la manera que los ciudadanos tienen de relacionarse con las administraciones. “Nuestra intención es ayudar a explicar la necesidad de esta modernización y el cómo hacerlo”, resumió Martínez Majo, que recordó que “dentro de pocos años, las administraciones funcionarán con firmas y certificados digitales y se implantará el sistema de ‘papel cero’”.
En la misma línea, el director de la fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp, destacó el carácter “formativo” de la jornada. “Es importante que el personal al servicio de la administración local tenga el máximo conocimiento sobre dos leyes que van a tener un impacto importante sobre su funcionamiento”. Esas leyes son la 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyas modificaciones entrarán en vigor el próximo 2 de octubre, avanzó Camp, que subrayó la importancia de “analizar estos cambios organizativos para que el ciudadano no note ninguna situación anómala”.
En ese sentido, el director de la fundación recordó que “las leyes están orientadas hacia ese objetivo, pero no va a ocurrir de hoy para mañana”. “Las personas jurídicas ya tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones, pero en el caso del ciudadano común el proceso se pone en marcha en este momento y se alargará por un plazo de dos años, de manera que todo esto se va a notar de forma paulatina”, explicó Camp. El análisis de los nuevos procedimientos administrativos, regímenes jurídicos de ámbito local, la incidencia de las leyes sobre la administración electrónica o los convenios y los consorcios del nuevo régimen jurídico del sector público fueron otras materias a estudio.
Por otro lado, el director de la fundación Democracia y Gobierno Local subrayó que, dentro del “fuerte impulso” que está recibiendo la administración electrónica, “a veces olvidamos que no toda la administración es igual”. “Se hacen las cosas pensando en la administración del Estado pero hay municipios pequeños que no tienen los mismos recursos”, recordó Camp, que elogió el papel de la Diputación a la hora de ofrecer cooperación técnica a los municipios “para que los servicios lleguen a todos los ciudadanos vivan donde vivan”.
