El secretario primero de la Mesa del Senado, Luiz Aznar, acompañado de los senadores populares, Esther Muñoz y de Alfonso Rodríguez-Hevia, además del portavoz de la comisión de Interior, José Cruz Pérez, se han reunido este martes con representantes de instituciones penitenciarias de la provincia de León. El secretario general de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), Valentín Llamas, ha trasladado a los senadores la situación en la que se encuentran algunos compañeros que pertenecen al cuerpo de técnicos especialistas, en cuanto a segunda actividad se refiere.
Estos funcionarios del grupo servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, se suscribieron al convenio entre el ministerio del Interior y la consejería de Justicia de la Generalitat, sobre movilidad interadministrativa de los funcionarios de instituciones penitenciarias y obtuvieron a través de concurso puestos de trabajo de vigilancia en centros de trabajo dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tienen reconocida por Real Decreto, lo que se denomina segunda actividad lo que supone que a los 57 años, cumpliendo una serie de requisitos, pueden, si lo solicitan pasar a ocupar un puesto de trabajo más acorde a su edad y en el que dejan de estar en contacto directo con los internos y de trabajar turnos de 24 horas, señalan desde el Partido Popular. No obstante, los funcionarios que se acogieron al convenio no pueden acogerse a esta segunda actividad por un defecto de forma en la redacción del Real Decreto, ya que este colectivo no está contemplado aunque realizan labores idénticas a sus compañeros del cuerpo Especial y del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Los representantes de instituciones penitenciarias consideran que una modificación en el artículo 1 del Real Decreto podría subsanar la situación de desigualdad que afecta a un mínimo de compañeros.
Los senadores populares se han mostrado “favorables” a corregir el vacío en el que se encuentran estos funcionarios y se han ofrecido a trasladar su situación al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.