Julián Monroy/D.A. Una de las primeras medidas del nuevo equipo de Gobierno en Astorga, al igual que en el resto del conjunto del Estado, ha sido la planificación de las retribuciones de la Corporación. En la legislatura pasada, se criticó, y mucho, la obligatoriedad de plenos una vez al mes.
Ello contravenía una costumbre de gobiernos anteriores, de convocatorias mínimas. “A Perandones los plenos no le gustaban, le resultaban farragosos, largos y un trámite burocrático. Incluso con la aparición de Peyuca, con el PAL, las discusiones eran continuas y le desagradaba esa situación”, comenta un veterano concejal astorgano, quien añade “que con Victorina quisimos que tuviera que rendir cuentas mensualmente, que se diera cuenta de que no tenía mayoría absoluta. Algo que supo lidiar aunque se criticase la no existencia de temas en muchas ocasiones”.
Al contrario, otros exconcejales de la oposición argumentan que “también los socialistas quisieron tener un Pleno al mes porque eso significaba que cobrarían más cuando en el Ayuntamiento de Astorga lo cierto es que el tema de los sueldos y retribuciones siempre fue algo muy discutible. Se decía que se cobraba media jornada, por ejemplo, pero luego se incrementaban las asistencias a comisiones o plenos, con lo que eran subidas encubierta hábilmente camufladas en los presupuestos o vendidas a la prensa”.
Por el libro
El Partido Popular de Arsenio García, por vez primera al frente del Ayuntamiento, quiere poner luz y taquígrafos a esta controvertida situación. “Tenemos que dignificar la labor que desempeñamos aquí, y eso también pasa por reconocer el trabajo que se realice”, argumentan desde la Alcaldía. “Nunca actuaremos al margen de lo que marca la Ley, pero algunos, incluso en la oposición, dejan parte de sus trabajos para dedicarlos a la ciudad, y no podemos quebrantar los ingresos de las personas. Sin ser abusivos, tienen que existir unas retribuciones”, zanjan desde el nuevo equipo de Gobierno.
Pero, ¿qué dice la Ley? La nueva Ley de Reforma Local marca un sueldo máximo de alcaldes y concejales dependiendo del número de habitantes de cada localidad. Así, los integrantes de ayuntamientos con una población inferior de 20.000 habitantes, hasta 10.001, entre los que se encuentra Astorga, con aproximadamente 12.000 vecinos, pueden cobrar hasta 50.000 euros anuales.
La puesta en marcha de esta normativa está teniendo un gran impacto. Los alcaldes y ediles que se acojan a dedicaciones exclusivas no podrán cobrar por otros conceptos del erario público municipal. Práctica, que como se comentaba, era habitual para diluir la claridad de las retribuciones.
Por su parte, de los 68.285 concejales que hay en España, únicamente perciben un salario 12.188, un 18%. Mientras que el 82% restante no tiene retribución por el ejercicio de su labor, atendiendo a lo que establece dicha Ley. Esto es, son ediles de ayuntamientos con menos de mil habitantes. Por desgracia, la gran mayoría.
Comparativa
No cobrar, bajar los sueldos o decir que no se suben está de moda entre la clase política. El uso y abuso durante todos los años anteriores, en todo el país, ha contribuido a esa mala imagen de los sueldos entre la clase política más baja: los concejales. “Esta es una razón por la que los mejores cerebros y gestores huyen de la política”, explica el profesor Sánchez de la Universidad de Navarra. “Ganan mejores sueldos como directivos que como políticos, y la clase política se llena de personas que anhelan vivir de ella”, afirma. Sin embargo, en varios tratados de Ciencia Política, en especial del profesor Óscar Alzaga, encontramos citas como la que afirma que “dignificar la tarea pública en su base, esto es en los ayuntamientos, con retribuciones económicas, permite que ciudadanos de cierta capacidad y destreza en la gestión por un tiempo limitado no pierda sus emolumentos como si estuviera en su trabajo habitual o que el sacrificio de su vida personal no tengan que sufrirlo también en el aspecto material”. Idealistas sí, pero no héroes que inmolen el patrimonio familiar no, viene a decir el viejo profesor.
En la vecina La Bañeza, en manos del PSOE, buceamos en sus retribuciones. Tan sólo en la legislatura anterior, según las hemerotecas consultadas, el incremento se acercó al 50% de los sueldos y retribuciones por asistencias a plenos y comisiones. En Bembibre, con población y tamaño también parecido, en este caso del PP, los sueldos tuvieron un incremento del 66%. En La Bañeza rondarían los 200.000 euros en total anual los sueldos directos y en Bembibre 150.000. A ello habría que añadir los que llevan impuestos, seguridad social u otro tipo de convenios específicos.
Los alcaldes de poblaciones similares en Castilla y León al tamaño de Astorga cobran en torno a los 14.290 hasta los 17.290 euros parciales anuales, netos. Encontramos el cúlmen del escándalo en la pequeña localidad de Baena, en Córdoba, con una subida de 8.000 euros netos anuales al alcalde, cuyas retribuciones ascienden a más de 54.000 euros por año en esta legislatura.
Lo habitual
En las poblaciones que hemos analizado con tamaño y presupuestos cercanos a los de Astorga son cada vez más los alcaldes cuentan con dedicación exclusiva, así como un concejal más por cada grupo político existente. Además, existen unas retribuciones por grupo político para su propio funcionamiento diario y, finalmente, las retribuciones por asistencia a comisiones, organismos dependientes de los consistorios y las propias sesiones plenarias. Pero también se está incrementando notablemente el número de asesores y personal de Comunicación y Administración denominado genéricamente “de confianza”. Aquí la Ley está siendo más restrictiva en las plantillas de asesores en función del tamaño. En España están tomando posesión temporal 6.500 asesores o cargos de confianza de los alcaldes y grupos políticos. Tan sólo tienen prohibida la contratación de este tipo de cargos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
El Gabinete tipo de Alcaldía lo conforman el director de gabinete, el director de Comunicación (antes denominado Jefe de Prensa) y la secretaria personal. En ayuntamientos grandes la plantilla se agranda con chófer, escolta y diversos auxiliares por cada cargo de confianza. En Astorga todavía no se ha hecho efectivo este tipo de estructura.
Sin embargo existen casos de colaboradores de confianza con nóminas o contratos por obra en diversos órganos locales aunque luego su verdadero trabajo sea la organización de un evento cultural anual y similares. La práctica habitual es trasladar en comisión de servicios a personal municipal para tareas de confianza de los gobernantes ofreciendo una serie de extras, algo que en ocasiones significa poner a personas que no tienen los conocimientos o experiencia o titulación específica en tareas concretas.
Asimismo, con el incremento de los organismos locales, museos y otros, poco a poco se está incrementando de sueldos públicos de cierta importancia a la Hacienda astorgana. Existe también un debate sobre la necesidad de privatizar gestiones para el ahorro de costes, establecer fórmulas mixtas de financiación y explotación… Incluso en algunos extremos la regresión a la gestión pública de todo.
En la pasada campaña electoral, el Partido Popular publicitó un programa que corroboró en su discurso inaugural el alcalde, Arsenio García: la apuesta por un modelo de gestión híbrido, esto es, ni totalmente dejar en manos privadas competencias públicas ni incrementar al completo los nuevos retos de explotación de servicios públicos con el único esfuerzo de la administración local.
