Han transcurrido dieciséis meses desde que el nuevo equipo de Gobierno asentase sus reales en el Ayuntamiento de Astorga. Las luces han sido muchas más que las sombras puesto que se venía de una legislatura inmovilista, con plenos “a cara de perro”, sin mayoría suficiente para poder avanzar. Además, tras el fugaz gobierno de la UCD en las primeras elecciones municipales, la derecha o el centroderecha había tardado nada menos que 40 años en volver a la Casona. Una derecha moderada, dialogante, llena de ideas y proyectos que a todos nos ha ilusionado.
Pero tras la lógica cortesía de los primeros meses ya se fueron vislumbrando algunos egos de concejales que podían poner en aprieto por su afán acaparador de cargos y competencias el sano equilibrio que debe presidir las deliberaciones del día a día municipal. La incorporación del PAL al gobierno local también ha borrado toda sombra de temor o duda a una legislatura débil por la aritmética. Once siempre son más que tres más tres. El PSOE está resultando ser una oposición constructiva y, quizás, guarda sus mayores armas para cuando se aclare su verdadero problema interno, pues todos sabemos que el socialismo astorgano se encuentra dividido en dos corrientes claras: los históricos y los sucesores del “juanjismo“. El tiempo y el PSOE aclarará esta guerra intestina que solo puede traer males a ellos y a la izquierda moderada que necesita Astorga. El resto, los otros tres concejales. Tan solo decir que ellos se retratan un día sí y otro también en sus formas y métodos alejados de la gran mayoría de la sociedad astorgana. Viven de prestado y, aunque lo oculten, el tiempo también los pondrá en su lugar relegándolos, siempre que las urnas soberanas quieran, al simbolismo utópico que siempre han sido, son y serán.
Pero a los once ediles que llevan a cabo las tareas de gobierno de todos los astorganos les ha surgido un nuevo obstáculo, una nueva oposición. Nos referimos a la situación interna en la que han encontrado en el Ayuntamiento. Los más de cien trabajadores públicos en sus distintas ramas y niveles cuentan con casi una veintena de trabajadores alegales, esto es, legales pero con contratos indefinidos sin previa oposición pública. Si el Ayuntamiento prescindiera de ellos las indemnizaciones serían de aúpa, además de sentencias judiciales probablemente contrarias. Si se les crea las plazas por promoción interna no dejaría de resultar paradójico que trabajadores que un día entraron en el consistorio con un color político resultaran funcionarios de carrera por la gracia de otros contrarios. El Partido Popular en esto es mucho más riguroso y tiende a regularizar este tipo de situaciones para cumplir escrupulosamente la ley. Algo así se barrunta en los despachos municipales.
Por último, se encuentran los llamados funcionarios vips. Aquellos que han ejercido funciones sin tener titulación u oposición específica pero por circunstancias especiales y provisionales del servicio se les ha habilitado para desempeñar tareas que no son las que tenían que desempeñar cuando entraron en el Ayuntamiento. Hay varios casos, en especial en el mundo de los dineros públicos y, ay, hasta ahí queríamos llegar. Escuchar que existen fondos para obras y que los servicios municipales no dan a basto con los papeleos para sacar adelante no deja de sorprender. Saber que determinados pagos se acumulan por criterio de una persona o capricho no deja de ser otra forma de ejercer oposición. Burocratizar hasta el máximo todas las tramitaciones por nimias que sean también son un síntoma de resistencia pasiva a la tarea de gobierno. Muchas son los ejemplos que a duras penas atraviesan los gruesos muros del palacio local, pero pasan los meses y, ante determinados problemas de ralentización, enfado de proovedores y demás va sabiéndose de un pulso invisible entre algunos trabajadores locales que no dudan en filtrar documentación sensible si viene al caso con tal de poner palos a la rueda gubernamental.
Todo ello hace pensar que en el Ayuntamiento hay un Gobierno claro, pero que tiene que luchar contra una inercia invisible, un clientelismo de proovedores, incluso periodistas locales y trabajadores públicos que durante casi cuatro décadas crearon un microcosmos del que habían dejado fuera al resto. Y se trata de gobernar y mandar para TODOS.
