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El viceportavoz del PSOE en las Cortes, Tino Rodríguez, formulará preguntará este martes en pleno al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre las medidas que ha previsto la Junta de Castilla y León para evitar la “estampida” de pescadores provocada por la actual Ley de Pesca. El procurador autonómico del PSOE por León argumenta que la entrada en vigor de la nueva normativa, en diciembre de 2013, ha ocasionado la caída en picado del número de licencias en Castilla y León, “tras haber generado un importante malestar entre los pescadores, así como importantes pérdidas económicas para los hosteleros y sectores tradicionales de las zonas ribereñas”.
El líder socialista leonés recuerda al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia de septiembre de 2015 reconoció los fallos de la ley y se comprometió a adoptar medidas para corregirlos, “pero han pasado muchos meses, este domingo se inició una nueva temporada de pesca en León y nos hemos quedado sin la mitad de los pescadores”.
Tino Rodríguez esgrime los datos aportados por la propia Junta, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por él mismo, en los que se evidencia que, desde la entrada en vigor de la Ley de Pesca, León ha pasado de 11.381 licencias a las 5.440 del año 2014, último del que hay registro en la web de la Consejería de Medio Ambiente, lo que supone un desplome del 52 por ciento y la cifra más baja de la serie histórica.
Asimismo, reseña que la pérdida de pescadores en el conjunto de la comunidad casi alcanza la cifra de 80.000, al pasar de 181.360 a los 102.377 de la última estadística. Otra cifra llamativa que Rodríguez también destaca es la de licencias de pesca tramitadas en los servicios centrales (sin provincializar) que pasaron de 128.688 en el año previo a la entrada en vigor de la ley a las 54.272 del año inmediatamente posterior.
El procurador socialista por León considera que la Ley de Pesca supone además “una privatización encubierta” de esta actividad en Castilla y León, ya que las zonas para poder practicar la captura de especies como la trucha, la más apreciada por los aficionados, se reducen a los cotos -que cuestan 20 euros por día-, y a las denominadas Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC). Rodríguez revela que la burocracia para acceder a las AREC, que son gratuitas, está provocando “la estampida de los pescadores tradicionales que, además, sólo tienen un cupo de dos truchas por día, por lo que se van a comunidades vecinas como Galicia, Asturias o Cantabria, donde se pueden pescar 10, 8 y 6 truchas”.
El parlamentario autonómico leonés reseña que el 60 por ciento de esos tramos en los que es posible la captura de la trucha son cotos de pago frente al 40 por ciento restante de zonas gratuitas. Respecto a sectores tradicionales, como el de los gallos de pluma y los montadores de anzuelos artesanales, el procurador socialista recuerda que “han perdido un 90 por ciento de las ventas”. En su PNL, el Grupo Socialista reclama una ayuda de entre 50 y 75 euros por ejemplar, lo que supondría un desembolso total de menos de 75.000 euros ya que “sólo quedan menos de mil gallos de pluma del Curueño, una especia única en el mundo que se está viendo amenazada”.
