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En caída libre. La frase resume la situación por la que atraviesa el sector de vacuno de leche en la Comunidad, que se desangra mes a mes sin que ninguna de las medidas políticas adoptadas desde el ámbito estatal, europeo o autonómico surtan efectos, y los ganaderos levanten cabeza.
Ni el acuerdo de la Comisión Europea para la reducción temporal de la producción de leche; ni las medidas adoptadas dentro del acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector lácteo, impulsado por el ministerio que dirige en funciones Isabel García Tejerina y que se suscribió a finales de septiembre; ni la plataforma autonómica de competitividad productiva del vacuno de leche, de noviembre de 2015, han podido evitar el desastre provocado por la desaparición de las cuotas lácteas el 1 de abril del año pasado.
El último informe del Fega es rotundo, el precio medio de la leche bajó en abril en Castilla y León de los 0,3 euros el litro (0,299) y acumula cuatro meses de retroceso. Y es que desde el pico de 0,317 euros por litro que se alcanzó en diciembre, no ha parado de descender, 0,314 en enero; 0,310 en febrero; 0,307 en marzo; y 0,299 en abril, el registro más bajo desde que el 1 de abril del año pasado desaparecieron las cuotas lácteas.
Asimismo, los datos del organismo pagador reflejan una sangría constante entre los profesionales del sector, desde abril del año pasado, cuando se contabilizaban 1.427, frente a los 1.291 del mismo mes de 2016, es decir, 136 menos. Sólo entre enero y abril de 2016 abandonaron el sector 58 ganaderos, con una situación agravada por la finalización de los contratos lácteos con la industria y la ausencia de compradores para numerosas explotaciones.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, advirtió de que en España “se nos está yendo de las manos un sector fundamental, que crea economía, empleo y sostiene el medio rural”. Dujo constató frente a una situación productora excedentaria Europea, España consume más lácteos de los que produce, algo que “no ha sabido aprovechar un gobierno en funciones que no tiene fuerza para aplicar la ley de cadena alimentaria y los acuerdos alcanzados con el sector”. “No se le está atendiendo”, sentenció.
Política de Estado
En este sentido, exigió un “política de Estado” porque “la UE no hace caso” de la situación por la que atraviesa la ganadería de leche, y pidió un “compromiso con este sector, tanto de la industria como de la distribución de capital español española para fomentar contratos a largo plazo, que doten de estabilidad y rentabilidad” a las explotaciones.
El dirigente de la principal opa de Castilla y León también demandó a la Junta de Castilla y León que “ponga en marcha de una vez por todas el seguro de rentas” y que desarrolle la Ley agraria, con la creación del defensor de la cadena alimentaria para el control de la especulación de algunas industrias “tirando a la baja los precios”.
Donaciano Dujo también solicitó un cese anticipado de la actividad “pagada” para los que “peor lo están pasando”. Por último, consideró esencial que se ponga en marcha una campaña de promoción y, sobre todo, “identificación de los productos netamente de Castilla y León y España, porque el 30 por ciento del producto que se consume no es de aquí y el consumidor no lo sabe”.
Datos tozudos
El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, comentó a Ical, que “los datos son tozudos y el sector está viviendo la peor crisis de toda su historia”. El dirigen recordó que desde 1986 el sector ha sufrido una reestructuración sin precedentes, ya que contaba con 60.000 explotaciones, y en la actualidad son 1.350. “Más esfuerzo no se puede pedir”, dijo, para remarcar la modernización y el dimensionamiento de un sector que ha acometido “inversiones como nadie” para que “al final llegue la eliminación de cuotas y provoque el desastre”.
González Palacín destacó que esa decisión política no estuvo acompañada de ninguna medida para frenar su impacto y apostó por sustituir el sistema de cuotas por otro de “contratación de volumen a precios que garanticen la viabilidad de las explotaciones”. En este sentido, denunció que “no se ha hecho nada ni se piensa a hacer”, cuando a su juicio, es preciso que el Gobierno se convierta en árbitro y siente a ganaderos, industria y distribución en una mesa para que alcancen un acuerdo que fije el precio oficial del litro de leche en al menos su coste de producción, que cifró entre 0,34 y 0,36 céntimos.
El coordinador regional de UCCL afirmó que acuerdos similares se han suscrito en Francia en varias ocasiones, porque se trata de “un tema de voluntad, de presión política y de compromiso de las partes”. “En España todo el mundo se pone de perfil y el responsable de la situación es el mercado, lo que refleja la ausencia total de voluntad política para solventarlo”, sentenció.
Freno a las importaciones
El dirigente de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, reconoció que la situación por la que atraviesa este sector es “muy complicada y muy compleja, y las soluciones no son sencillas”. En este sentido, destacó que el planteamiento de reducir la producción en España un seis por ciento puede acometerse, eso si, “siempre que llegue acompañada por un freno a las importaciones de los productos lácteos” de los principales productores, Alemania y Francia, que están saturando todos los mercados por el veto ruso, a precios irrisorios, porque “sino lo único que se conseguirá es perder cuota de mercado”.
El secretario general de UPA expuso también que es preciso definir quién reduce esa producción en España, porque Bruselas ya ha constatado que no hay fondos para acompañar el abandono. El dirigente agrario remarcó que ya advirtieron de las consecuencias de la desaparición de las cuotas, que ahora no se pueden recuperar y se decantó por la puesta en marcha de medidas de intervención, así como de un plan de abandono ordenado, con compromisos económicos.
Por último, constató que en los próximos días se reunirá el sector lácteo de su organización, donde se valorarán todas las posibilidades, incluidas las movilizaciones, a llevar a cabo. En este sentido, advirtió de que cualquier convocatoria de protesta “debe hacerse de forma conjunta en todo el estado español, porque el problema es nacional y europeo”.
