El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León plantea una “vuelta atrás” y la derogación de la norma que establecía desde 2016 la prohibición de las gasolineras desatendidas. Para ello, presentó una proposición de ley que tratará de acabar con la modificación introducida en el Estatuto del Consumidor al existir dos normativas estatales que dan respuesta a los objetivos de seguridad y accesibilidad y un expediente informativo abierto por la Comisión Europea a España.
El portavoz ‘popular’, Raúl de la Hoz, acompañado por el portavoz en Economía y Hacienda, Salvador Cruz, explicó que tratarán que la iniciativa se apruebe lo antes posible para que antes de Semana Santa pueda aplicarse. Además, explicó que no se trata de una rectificación, sino de una modificación a una medida que adoptaron todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Cataluña y Madrid, y otros estados miembros como Grecia o Italia.
En ese sentido, De la Hoz apuntó que la obligación de que las estaciones de servicio contaran con una persona se adoptó por razones de salud y seguridad en el suministro, ya que se trata de la manipulación de un combustible, y también de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Sin embargo, explicó que el Gobierno aprobó un Real Decreto en julio de 2017 con una instrucción técnica complementaria, que introducía aspectos en esta materia para las gasolineras sin personal.
También apuntó que entró en vigor en diciembre del pasado año una disposición de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que impide la discriminación de este colectivo en las estaciones servicios. Por tanto, señaló que un año después de que las Cortes aprobarán la normativa autonómica existen dos leyes estatales que inciden en esta cuestión.
Igualmente, Raúl de la Hoz informó de que la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo, previo al sancionador, al considerar que los objetivos de seguridad y accesibilidad se podían lograr mediante otras normas menos restrictivas y que se ajustaran al derecho comunitario.
También recordó la iniciativa legislativa popular, respaldada por 16.000 firmas, de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), que señaló reúne todos los trámites establecidos en el parlamento. Apuntó que piden dejar sin efecto la prohibición de gasolineras desatendidas para las estaciones dependientes de cooperativas agrarias, cuyos usuarios son cooperativistas.
Ahora, Raúl de la Hoz señaló que se deberá analizarse por parte de los servicios jurídicos de las Cortes si tiene sentido tramitar una iniciativa que se ve “cubierta” con otro texto legislativo. Además, apuntó que su grupo se había reunido con este colectivo y que conocen la proposición registrada por el PP el pasado viernes.
Por ello, el Grupo Popular tratará de que se tramite en los plenos de primeros de marzo mediante el procedimiento de lectura única, que exige la toma en consideración en una sesión y la aprobación en la siguiente, sin que sea necesario abrir los trámites de ponencia, comisión y presentación de enmiendas.
Finalmente, el texto del Grupo Popular propone la derogación dela disposición adicional segunda y consecuentemente el apartado ‘K’ del artículo 42.2 de la Ley 2/2015 de 4 de marzo por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.