Piden ocho años de cárcel para el político leonés Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, el leonés Alfredo Prada,  por las irregularidades en el Campus de la Justicia (CJM). Prada ha sido además senador y diputado por la provincia de León y tiene vínculos familiares con el Bierzo.

La Fiscalía sostiene que el también exconsejero de Justicia e Interior del gobierno madrileño cometió en un delito de prevaricación en concurso, con otro de malversación de caudales públicos; por esta última acusación se enfrenta además a 13 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, se piden seis años de cárcel para otras cinco personas por su participación en la empresa pública que se constituyó para el proyecto: Isabelino Baños Fernández, quien fuera director general técnico del proyecto, Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director de Área Financiera,Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, director del área de Seguridad. Gómez Gordo también está imputado en la operación Kitchen.

El Campus de la Justicia, un proyecto faraónico con pérdidas millonarias

El proyecto del Campus de Justicia comenzó en 2004, siendo Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad (aunque las primeras ideas sobre el mismo corresponden al Gobierno de Gallardón). El proyecto urbanístico tenía como objetivo agrupar a todos los órganos judiciales con sede en Madrid, excepto el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en una modernas instalaciones de diseño, con formas circulares,  cerca de IFEMA y de T4 del aeropuerto de Barajas. En el diseño del proyecto, mediante concurso internacional, participaron 300 estudios de arquitectura internacionales. El complejo debía contar con 14 edificios y costar 500 millones de euros.

En el año 2014 el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la liquidación de la sociedad encargada de gestionar el proyecto.​ De todos los edificios previstos solo se ha construido el destinado a albergar el Instituto de Medicina Legal, que nunca ha llegado a ocuparse. Poco después, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que se  retomarían las obras del proyecto. Tras la sentencia judicial que puso fin a un litigio entre la Comunidad de Madrid y las empresas que debían ejecutar el proyecto, este fue descartado definitivamente en noviembre de 2017 originando millonarias pérdidas.