Facebook
Instagram
YouTube
El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este martes a que la política rural adquiera el rango de política de Estado, así como a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. También apostó por corregir los “déficit” de financiación de las comunidades y obvió, pese a formar parte del texto escrito, la supresión de las diputaciones, acordada con Ciudadanos, durante su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados con el que solicitó el apoyo de la cámara.
En ese sentido, Sánchez aseguró que no se puede permitir que una parte importante de la población sea considerada “como ciudadanos de segunda”. “Eso ha sucedido en los últimos cuatro años, al privarles de la atención sanitaria en los pueblos, al cerrar los centros educativos rurales o suprimir el transporte escolar”. Por el contrario, apostó por impulsar una política agraria, pesquera y de desarrollo rural “comprometida” y con financiación.
Asimismo, el líder socialista aseguró que el Gobierno prestará un apoyo decidido a la industria agroalimentaria, con el objetivo de equilibrar la cadena alimentaria “repartiendo justamente esfuerzos y beneficios”. Argumentó que el medio rural es el mayor yacimiento de recursos naturales, puesto que recordó supone el 90 por ciento del territorio y el 25, de la población. Sin embargo, afirmó: “Nuestros pueblos siguen envejeciendo, hundidos en una sangría migratoria que conduce al país al abandono de su territorio”.
Además, Sánchez aseguró que su ejecutivo perseguirá prohibir el cambio de uso en el suelo de zonas forestales incendiadas y recuperar y desarrollar la ley de Patrimonio Natural y Protección de la diversidad de 2007.
También, Sánchez indicó que si logra el apoyo su gobierno reformará la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para corregir los déficit de financiación y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad recogidos en la Constitución. También planteó la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para asegurar la autonomía de las entidades locales y su financiación.
En ese punto, Sánchez evitó plantear la creación de consejos provinciales de alcaldes, en sustitución de las diputaciones. Sin embargo, planteó desarrollar el Estado de estructura federal, incorporando la denominación de las comunidades y ciudades autónomas; determinar las competencias del Estado, las autonomías y los ayuntamientos; establecer los principios de financiación autonómica y convertir al Senado en una cámara territorial.
Así asumió el compromiso de ofrecer una financiación suficiente para la Ley de Dependencia, incrementar el presupuesto para políticas activas de empleo, paralizar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y recuperar los fondos para el Programa de Desarrollo Rural. También defendió la universalidad del sistema sanitario, así como recoger en una ley la sensibilidad social contra el maltrato animal.
Finalmente, Sánchez propuso un pacto de Estado de la energía, abierto a todos, si bien propuso el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil y no permitir prácticas lesivas para el entorno como el ‘fracking’. También, planteó aumento las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y atención de las víctimas y la creación de unidades de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma.
