Patronal y sindicatos piden a la Junta que obligue a todas las estaciones de servicio a tener personal

Elena F. Gordón/ Ical Patronal y sindicatos reclaman a la Junta de Castilla y León que tome medidas para evitar la proliferación de las estaciones de servicio ‘desatendidas’ o sin personal, de las que existen alrededor de medio centenar en la Comunidad. Así se puso de manifiesto en la reunión celebrada hoy en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios, con la asistencia de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Aevecar, la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Cees, UGT y CCOO.

Todos coincidieron en reclamar al gobierno autonómico que siga el ejemplo de regiones como Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Andalucía y modifiquen la ley de ámbito estatal que regula este tipo de instalaciones a las que atribuyen una clara competencia en condiciones desiguales y el incumplimiento de normativas relacionadas con las condiciones de seguridad y técnicas que requieren ese tipo de servicio.

La presidenta de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Carmen Sáenz de Miera; el presidente de Aevecar, Rafael Pizarro, y los representantes de CCOO, Gonzalo Díez, y UGT, Juan Pedro Martínez, incidieron en que las estaciones desatendidas provocaron la pérdida de unos 450 empleos en todo el país el pasado año y la tendencia se incrementará si no se pone remedio.

Solamente en la provincia leonesa, que cuenta con unas 130 estaciones o puntos de suministro al público, hay 16 que están desatentidos total o parcialmente; situación que tanto empresarios como sindicatos consideran peligrosa en varios aspectos. Así, aluden tanto al riesgo de incendios y otros incidentes -incluso atentados terroristas- como al uso indebido de los surtidores o a la ausencia de vigilancia directa para que no se incumplan las normas de seguridad establecidas para este tipo de negocios.

Insisten en que no quieren que desaparezcan pero sí que se les obligue a que tengan personal y cumplan los requisitos de todo tipo que se les exigen a quienes sí crean empleo. También, aluden a que impiden el acceso de todo el mundo al servicio, que se hace imposible para discapacitados e insisten en que una mercancía peligrosa como es el combustible no debe ofertarse sin el debido control. “Es una competencia desleal que perjudica al empleo y a la seguridad”, concluyen.