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El presidente Herrera ha tenido que pasarse este largo fin de semana delante del espejo y preguntándose a sí mismo por qué no se mantendría firme en su anunciada decisión de abandonar y marcharse hace tres años, cuando tenía claro que su tiempo al frente de la Junta de Castilla y León había llegado a su fin. En aquel entonces podría haberse ido por la puerta grande; ahora, lo más seguro le toca un auténtico viacrucis, para, al final, salir por la gatera.
En lo que va de año, Herrera ha visto fracasar su plan de sucesión al frente de la Junta. Contra todo pronóstico, el fiel segundón y siempre preterido, Fernández Mañueco, se la jugó y ganó el pulso de las primarias a quien a Herrera le hubiera gustado ceder la lucecita del Palacio de la Asunción: Antoni o Silván, alcalde de León y procurador. Un auténtico varapalo.
Luego vendría la Operación Lezo y la detención por corrupción del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la posterior dimisión de sus últimos cargos públicos de Esperanza Aguirre. Todo un obús en la línea de flotación de la maltrecha ética y moralidad política del PP, lo que lleva a Herrera de calificar este golpe para la credibilidad del PP como “una cabronada”.
Bien, pues, ahora las denuncias por corrupción llegan a su entorno más cercano. La Fiscalía Anticorrupción denuncia a 21 personas, algunas de ellas antiguos ex altos cargos de la Junta de Castilla y León, por la denominada Trama Eólica, que no es otra cosa que la concesión de plantas eólicas de generación eléctrica de forma fraudulenta y mediante el pago de casi cien millones de euros en comisiones ilegales. El principal implicado es Rafael Delgado, vice consejero de Economía de la Junta en la época de Tomás Villanueva, ex vicepresidente del gobierno regional y mano derecha y hombre de absoluta confianza de Herrera. Entre los implicados, empresarios y directivos con los que Herrera ha estado firmando acuerdos, compartiendo atril en congresos y tomando canapés durante años.
Sin duda, otra cabronada para Herrera. Sobre todo, cuando desde el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León se viene retrasando y torpedeando el funcionamiento de la comisión parlamentaria sobre esta trama. Ahora, claro, a Herrera no le ha quedado más remedio que decir que la acción judicial tiene preferencia sobre la comisión parlamentaria. A ver cómo reacciona Mañueco, quien no tiene más remedio que desmarcarse y ser tajante contra estos brotes de corrupción en el seno de su partido. Esto sí que va a ser la prueba de fuego para la famosa bicefalia.
En lo más alto del PP regional y de la Junta hay preocupación y mucho miedo. Todos se preguntan hasta dónde y a quienes salpicará esta trama, que, no se olvide, puede llegar a enlazar con otras investigaciones en marcha, como las del edificio de Economía a las afueras de Valladolid, un asunto aún más negro que las concesiones eólicas.
¿No sabía nada Herrera de todo esto? ¿por qué volvieron a fallar los sistemas de alerta, denuncia y preaviso? ¿por qué nadie se enteró de que el alto cargo de al lado se estaba forrando y viviendo por encima de sus posibilidades? Vaya cabronada para Herrera.
Es lo que tiene el intento de perpetuación en el poder, que los vicios se enquistan y derivan en corrupción. 16 años de gobierno para al final terminar bajo sospecha. Ahora a Herrera le toca ir a las Cortes y dar explicaciones. Y asumir responsabilidades.
