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La Consejería de Economía y Hacienda ha otorgado una nueva autorización administrativa a la empresa Energías especiales del Alto Ulla para la puesta en funcionamiento del parque eólico ‘Peña del Gato’, el más grande de la provincia leonesa, ubicado en los términos municipales de Igüeña, Villagatón y Torre del Bierzo, según recoge la edición de este martes del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La empresa promotora, Energías Especiales del Alto Ulla, S.A., obtiene así un nuevo permiso administrativo, después de que en 2013 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulase las anteriores autorizaciones.
Las instalaciones tendrán una potencia nominal de 50 MW, con 25 aerogeneradores tripala marca Vestas de 2.000 kW de potencia cada uno, y los generadores, una altura de 80 metros en el buje y unos rotores de 90 metros de diámetro. Los aerogeneradores están conectados entre sí a través de los correspondientes conductores enterrados y cabinas de entrada salida de línea, de forma que se constituyen cuatro líneas de generación en 30 kV.
Además, la subestación conecta con la línea eléctrica de 132 kV a través de la cual se evacua la producción eólica de la zona hacia la subestación de Villameca. El presupuesto previsto para la construcción de los aerogeneradores y su conexión con la red de suministro eléctrico es de más de 54,5 millones de euros.
Un proceso accidentado
Las primeras intentonas para instalar un parque eólico en la zona se remontan al año 2001, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo solicitó la primera autorización administrativa, que obtuvo en 2008. Ese mismo año, la compañía realizó la transmisión de sus derechos y el cambio de titularidad de las instalaciones proyectadas a la empresa Energías especiales del Alto Ulla, que modificó el proyecto, reduciendo el número de aerogeneradores de 33 a 25.
Un año más tarde, en diciembre de 2009, la Junta autorizó la puesta en marcha definitiva de las instalaciones, lo que permitió su funcionamiento desde diciembre de 2009 hasta julio de 2016, cuando la Consejería de Economía y Hacienda emitió una orden de ejecución de la sentencia impuesta por el TSJ en 2013, que consideraba, a instancias de la organización conservacionista SEO/BirdLife, que en la anterior declaración de impacto ambiental no se tuvo en cuenta la presencia de urogallos cantábricos en la zona.
Después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimase el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ, el procedimiento administrativo se retrotrajo al momento de presentar el estudio de impacto ambiental.
