Optimismo en la Diputación

La Diputación Provincial de León está llevando a cabo en los últimos años un notable esfuerzo para justificar y rentabilizar su razón de ser. Este año, el presupuesto ascenderá a cerca de 135 millones de euros y gran parte del esfuerzo inversor irá destinado a mejorar la red de carreteras provinciales, la asistencia social y el fomento de políticas activas de empleo, con el objetivo de crear cerca de dos mil nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Además se redoblará el esfuerzo en amortizar la deuda histórica, que pudiera desaparecer en muy pocos años, y en controlar el gasto, evitando derroches.

No está mal el propósito para el nuevo año. Sobre todo porque viene avalado por la inmensa mayoría de los grupos políticos, que aprobaban el presupuesto la pasada semana, con tan sólo el voto negativo de Izquierda Unida. El PSOE se abstuvo más por cuestiones cosméticas y de imagen que por desacuerdos de fondo.

No es la primera vez que la Diputación aprueba por tan amplia mayoría sus presupuestos. Ya en tiempos de la polémica e intransigente Isabel Carrasco se había logrado, lo que en su día fue noticia porque el beligerante carácter de la ex presidenta no parecía propenso a cesiones ni a consensos con la oposición. Pero, sorpresa, así fue. Ahora es más fácil porque los tiempos han cambiado y no hay extremismos ni protagonismos personalistas que salvar. Hay buen ambiente político en la Diputación. Existe voluntad de diálogo y de consensos amplios. Y la mayoría coincide en lo fundamental: en que el esfuerzo económico hay que hacerlo en temas sociales, que ayuden a los más desfavorecidos, y en generar políticas activas de empleo, que creen puestos de trabajo, a ser posible, en las zonas rurales. No es aún hora de tirar cohetes, pero sí de dejar atrás las políticas de ajustes duros y de fomentar estrategias expansivas.

En esta legislatura en la que se supone que se van a plantear grandes reformas a nivel nacional, las diputaciones están en el ojo de mira de casi todos los partidos políticos. Se trataría de evitar duplicidades con la mastodóntica administración de las comunidades autónomas y su red provincial. Y, en este sentido, hasta ha trascendido que en el propio Partido Popular existen documentos internos en los que se prevén cambios de profundidad, como el rebajar el centro de acción de las diputaciones a municipios de menos de diez mil habitantes, en vez de los veinte mil actuales. Cuestión muy delicada en la provincia leonesa donde hay municipios importantes que podrían verse muy perjudicados. Ahí está, por ejemplo, el caso de Astorga, con una población muy superior a los diez mil habitantes, pero con un término municipal enorme, con pequeños núcleos de población que no podrían prestar servicios básicos a sus vecinos sin la ayuda de la Diputación.

España es un país de municipios, una administración muy arraiga en la historia y en la conciencia colectiva de los ciudadanos. Disminuir las competencias o hacer desaparecer las diputaciones provinciales sólo puede plantearse si, al mismo tiempo, se refuerza la idea del municipio, el ayuntamiento, que, no se olvide, es la administración más cercana a los ciudadanos. Como dicen y proponen en mi pueblo: más municipio y menos municipios.