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La Audiencia Nacional emitió una sentencia condenatoria en la que se impone al expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por su participación en la Operación Púnica.
Según informó la Audiencia Nacional, en este caso se investigaron los contratos de reputación personal online realizados por la Diputación de León durante el mandato de la expresidenta Isabel Carrasco y su sucesor, Martínez Barazón, así como otros contratos adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.
Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional establecieron en su sentencia una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para Martínez Barazón, así como para Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, quienes ocuparon los cargos de coordinador general e interventor de la Diputación, respectivamente. Se consideró la atenuante simple de dilaciones indebidas en la pena impuesta.
El informático y consultor Alejandro de Pedro fue condenado a una pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación. Por su parte, José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas MADIVA y EICO, así como Guadalupe Caballero, trabajadora de estas compañías, fueron absueltos. También resultaron absueltas ambas empresas.
La sentencia absuelve a los acusados de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho, acusaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por ADADE.
Según el Tribunal, quedó demostrado que De Pedro y Martínez Barazón llevaron a cabo un procedimiento administrativo irregular en la Diputación de León para la adjudicación de la publicidad institucional. El pago de las facturas se realizaba mensualmente, por importes similares y siempre por debajo de los 6.000 euros, utilizando el trámite de urgencia de forma incorrecta y vulnerando la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público.
La sentencia indica que este procedimiento evitaba recurrir a un sistema de contratación adecuado y pertinente, como un contrato abierto o negociado, eludiendo así la participación de otros medios de comunicación en la publicidad institucional de la Diputación de León. Además, se evitaba un control más riguroso y exhaustivo por parte del Servicio de Contratación y la Intervención General del organismo, ya que las facturas se incluían como una más en la relación mensual sin fiscalización adecuada.
Por otro lado, el Tribunal considera que no se ha demostrado que los servicios de reputación online y posicionamiento SEO realizados por EICO ONLINE fueran en beneficio personal de Isabel Carrasco ni de Martínez Barazón. Asimismo, no se ha probado que las facturas emitidas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados ni que se utilizaran para encubrir trabajos de reputación personal o asesoramiento político para los presidentes de la Diputación.
La sentencia destaca la indisociabilidad entre el nombre de la persona y el cargo que representa al analizar la naturaleza pública o privada de los trabajos reputacionales. Según el Tribunal, estos trabajos no tuvieron un carácter puramente personal o particular, sino que estaban relacionados con las actividades institucionales de la Diputación y de los presidentes que ocupaban sus cargos.
Tras un análisis exhaustivo de la prueba presentada, la Sala concluyó su sentencia con la condena por prevaricación y la absolución de otros cargos imputados en este caso de la Operación Púnica.
