DA / Ical La Junta de Castilla y León ha retocado el mapa rural, que presentó en septiembre del pasado año y que tras tres meses a información pública, prevé un total de 178 unidades básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio (UBOST), dos más que en el primer borrador, en La Maragatería (León) y en las Merindades (Burgos), por cuestiones “geográficas”. Además, el Ejecutivo autonómico acepta algunos cambios propuestos, que afectan a 41 municipios y 28 unidades.
Ante las alegaciones presentadas por la Mancomunidad de La Cepeda, para conservar su designación y unidad, la Junta ha dividido La Maragatería en dos unidades básicas. Por un lado quedará Maragatería-Astorga con los municipios de Valderrey, San Justo de la Vega y Astorga y por el otro, Maragatería y La Cepeda con Villagatón, Brazuelo, Villamejil, Quintana del Castillo, Santa Colomba de Somoza, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Val de San Lorenzo, Santiago Millas, Santiago Millas, Lucillo y Luyego.
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo balance este viernes del trámite de participación en el mapa de unidades rurales, tanto en el portal autonómico de Gobierno Abierto, así como mediante los registros de la Junta. Las alegaciones aceptadas por el Ejecutivo recogen las demandas que han argumentado la entrada o salida de municipios de las unidades básicas, así como la adaptación del actual mapa a la configuración de las mancomunidades de interés general.
En ese sentido, De Santiago-Juárez explicó que este viernes ha firmado el inicio “formal”, de acuerdo al marco legal, para la aprobación definitiva del mapa de estas unidades rurales. Así, aseguró que se remitirá hoy la documentación para que las nueve diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo (León) envíen informes y alegaciones durante el plazo de un mes, como estaba previsto. Además, se enviará esta organización a los grupos políticos de las Cortes y a las organizaciones del Diálogo Social.
Por tanto, el consejero explicó que a mediados del próximo mes, en torno, al 20 de marzo, arrancará la segunda fase, en la que la Junta dará audiencia a todos los municipios, como hizo con las 15 áreas urbanas aprobadas, durante otro mes, periodo en el que los mapas saldrán a información pública. Precisamente, De Santiago-Juárez explicó que el Ejecutivo utilizará estos dos meses para “continuar negociando” con los grupos de las Cortes, ya que la norma con rango de ley que los recogerá necesita ser aprobada por dos tercios de la cámara.
También, el titular de Presidencia, que compareció acompañado de la viceconsejera y el director general de Ordenación del Territorio, María de Diego y Luis Miguel González Gago, explicó que este viernes comienza de “oficio” la tramitación “formal” para la constitución del Área Funcional Estable de Benavente (Zamora), que pese a no tener 20.000 habitantes como exige la ley, se reconoció la excepción de que pueda formar una unidad urbana. Para ello, se consultará su configuración con los municipios del alfoz de esta localidad zamorana.
Último paso
Por tanto, el modelo territorial de Castilla y León, que en la pasada legislatura se recogió en una ley aprobada por consenso, camina hacia una organización de la Comunidad en 194 unidades, 178 rurales y 16 urbanas, si se suma la de Benavente a las existentes en Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina del Campo y Zamora.
De esta forma, una vez aprobado el mapa rural, un trámite previsto para esta primavera, todos los municipios tendrán los instrumentos necesarios para agruparse de forma voluntaria en mancomunidades de Interés General, que en el caso de los pueblos, incluirán una cartera homogénea de competencias, que para las ciudades serán más flexibles. Así, José Antonio de Santiago-Juárez señaló que se da el “último paso”, que consideró “definitivo”, para disponer de una nueva ordenación de los territorios de Castilla y León.
Alegaciones
El consejero de la Presidencia explicó que en el cuatro trimestre de 2015 la Junta recibió a través del portal de Gobierno Abierto, la vía recomendada por el Ejecutivo, un total de 85 alegaciones al mapa de unidades rurales de ordenación. De ellas, 60 correspondieron a ciudadanos; 22 a ayuntamientos; dos a entidades privadas y una a Podemos Castilla y León. De Santiago-Juárez explicó que las fuerzas políticas no tenían la “obligación” de presentar enmiendas al modelo en este trámite.
Además, también se enviaron alegaciones en papel a través de los registros, presentándolas en plazo antes del 31 de diciembre de 2015, un gran número de sugerencias, que se incorporaron al portal de Gobierno Abierto para conocimiento de todos los ciudadanos. Como ejemplo, el consejero, explicó que sobre el mantenimiento de la Mancomunidad de La Cepeda (León) alegaron papel la propia mancomunidad, dos municipios, 1.435 ciudadanos y una entidad asociativa.
La Junta agrupó todas estas propuestas en dos bloques, uno referido al mapa, en relación a municipios que pedían pertenecer a otra unidad, y por otro lado, sobre la adaptación al mapa existente. Como resultado, el Ejecutivo contabilizó 70 grandes “situaciones” planteadas, a las que se unen 20 alegaciones sobre el modelo general de ordenación del territorio. De las 70, el Gobierno ha dado “solución ya” a 31 -24 relativas al mapa y siete sobre la configuración de mancomunidades- , lo que supone un 44,3 por ciento del total.
Ello implicó el cambio de unidad de 41 municipios y como consecuencia de estas modificación, de las 176 UBOST rurales iniciales varió la configuración de 28 (un 15,9 por ciento) y se añadieron dos nuevas por división de dos actuales, que contaban con dos centros de salud y cumplían los requisitos sobre distancias y población.
Mancomunidades y comarcas
“Cuando creo que algo es bueno para Castilla y León, mi tierra, no puedo dejar de ser optimista hasta el último momento”, afirmó el consejero, quien confió en que en primavera pueda aprobarse este mapa, que da cobertura a unas 900.000 personas. Aseguró que este modelo no choca contra las propuestas de los defensores de las comarcas, ya que consideró que es “más inteligente”, porque facilita la cesión de competencias de los municipios hacia las mancomunidades, que podrán solicitar su constitución como comarca.
Al respecto, De Santiago-Juárez recordó que el Consejo Comarcal del Bierzo, una comarca reconocida por ley hace 25 años, no presta ningún servicio municipal, sino los cedidos por la Junta. Por ello, destacó que el modelo territorial que se plantea permite que las nuevas comarcas que puedan nacer en el futuro dispongan de una cartera “homogénea y única” de funciones.
Avances y convergencia interior
Por otra parte, el consejero de la Presidencia admitió que no se han producido grandes avances en la creación de mancomunidades en el entorno urbano, que cuenta ya con el mapa de unidades aprobado, si bien se mostró partidario de que siga una evolución paralela al medio rural. José Antonio de Santiago-Juárez explicó que por su volumen de habitantes tiene capacidad de recaudar recursos y endeudarse, lo que le permite hacer frente al pago de sus servicios. Además, apuntó que la cartera de servicios será flexible.
Por el contrario, incidió en que el medio rural necesita prestar los servicios de forma mancomunada, al margen de que se modifique la Ley de Haciendas Locales, una prioridad -a su juicio- del nuevo gobierno central, junto a la reforma del sistema de financiación autonómica. Además, precisó que las nuevas áreas funcionales estratégicas, que determinarán el reparto de fondos de convergencia interior, surgirán una vez que se aprueben las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio.