Facebook
Instagram
YouTube
La Junta de Castilla y León y los grupos de las Cortes tienen ya un acuerdo de mínimos que define la posición de Comunidad en la futura negociación del sistema de financiación autonómica, en el que se brinda que el modelo que más favorece es el que atienda a las variables de envejecimiento y dispersión de la población y el sobrecoste que supone en la prestación de los servicios básicos.
El acuerdo de comunidad sobre el modelo de financiación autonómica es uno de los cuatro suscritos en julio por el presidente de la Junta y cuatro de los cinco grupos de la Cámara -únicamente no se sumó el Mixto-, en el que también figuran la reforma del Estatuto de Autonomía, el plan industrial y el avance en el modelo de ordenación territorial.
Después de varias reuniones del grupo de financiación autonómica, en el que están la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y procuradores de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto (UPL), existe un borrador de mínimos, que perfila el área económica y financiera de la Junta, y se ultima la forma de presentación, si el acuerdo se llevará al pleno de las Cortes o se firma el documento con la adhesión de todos.
La pasada legislatura ya hubo un acuerdo de comunidad en esta materia sellado por PP y PSOE, cuya base se mantiene, pero al que ahora se adhieren Podemos y Ciudadanos, nuevos en las Cortes en esta legislatura. Ambas formaciones presentaron sus propuestas, la mayoría de ellas fueron aceptadas, de ahí que se haya llegado al consenso, explicaron Félix Díez y Manuel Mitadiel.
“Es un documento muy general, no conflictivo y con principios comunes de todos los grupos, que pueda defender la Junta en la negociación, en una posición fuerte de comunidad”, detalla el parlamentario de Ciudadanos Manuel Mitadiel, que recuerda el escaso peso de Castilla y León con un 5,6 por ciento del PIB nacional y el mismo porcentaje en representación de la población.
En la misma línea, el portavoz de Economía y Hacienda de Podemos, Félix Díez, destaca la importancia de “dar fuerza” a la Junta en la futura negociación con una posición de comunidad, que para él lleva también el respaldo de los ciudadanos ante el consenso de todos sus representantes políticos en el Parlamento autonómico.
Félix Díez confirma que se han recogido las aportaciones de su grupo, como que haya una financiación suficiente a través del Fondo de Garantía, así como las variables de dispersión y envejecimiento, en las que todos están de acuerdo sobre los recursos que debe recibir Castilla y León del Estado.
Mitadiel también subraya que las propuestas de su grupo están en el borrador, entre ellas que se garantice la suficiencia dinámica ante la evolución del modelo y que mantenga la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios básico, a ello une el perfil demográfico de Castilla y León con una dispersión de su población en el territorio y un envejecimiento de la misma.
Una de las enmiendas no aceptadas de Ciudadanos es la critica al régimen foral de País Vasco y Navarra y sus beneficios, planteada desde la posible discriminación en zonas limítrofes de Burgos y Soria en la implantación de empresas, explica Mitadiel, que precisa que, en aras al consenso, se dejó fuera al no contar con el respaldo de otros grupos, pese a entender que en el fondo el argumento es compartido.
“Hay un clima positivo y una buena disposición de todos”, explica el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, que defiende no estar “parados”, aunque el actual Gobierno esté en funciones y no se sepa cuando tomará posesión el nuevo, si bien declina ir más lejos sobre el acuerdo, hasta ahora el que ha costado menos en los cuatro planteados en julio.
Modelo regresivo
Otro de los elementos coincidentes de todos ellos es que el actual modelo ha sido regresivo para Castilla y León al no cubrir la financiación de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel argumenta que en el “momento cero” el vigente sistema cumplió, pero no así en su evolución posterior, y recuerda como los ingresos del Estado crecieron en un cinco por ciento y los del modelo de financiación mermaron en un ocho por ciento, cuando “la crisis era igual para todos”.
El parlamentario de Podemos explica que se analizaron varios modelos de financiación y concluyeron que el actual es el “peor” y aboga, además, por que Castilla y León busque alianzas con otras comunidades que tienen problemas de dispersión o envejecimiento para que no prime la población. “Será uno de los nuevos melones que tendrá que abrir el Gobierno”, afirma.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en todas sus declaraciones en relación con este asunto, ha denunciado que Castilla y León ha perdido peso con el nuevo modelo, ya que antes superaba el siete por ciento de los recursos y ahora no alcanza ese porcentaje. “El modelo ha evolucionado mal, es imprevisible y oscuro, por lo que todos apostamos por su reforma”, declaró.
Para la titular de Economía y Hacienda, la financiación no sólo debe garantizar los servicios básicos, cuando se han producido en años anteriores desfases de hasta 500 millones de euros que ha tenido que cubrir la Comunidad con fondos propios. Este sentido, defendió que las partidas deben permitir contar con recursos para todos los servicios transferidos, como la conservación de carreteras y a la extinción de incendios, no sólo a la educación, la sanidad y los servicios sociales.
