Las estaciones de servicio de nuestro país denuncian en los tres últimos ejercicios 115.000 casos de clientes que se fugaron sin pagar los repostajes, según recoge la AOP -Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos- en su reciente memoria anual. Esto supone una media de más de cien casos cada día a lo largo de los tres últimos años.
Se trata de un asunto de “creciente importancia”, según el informe, y que ha supuesto un impacto económico estimado en unos cinco millones de euros anuales, a los que habría que añadir el coste de casi dos millones asociado a la tramitación de las correspondientes denuncias “que recae en su mayor parte en pequeños empresarios minoristas”.
Tres casos aquí
Durante el año pasado, que aún no recoge la memoria citada, en la provincia de León se registraron tres casos: dos en León y uno en el Bierzo, según la patronal, si bien advierte que “no se recogen los intentos, que son muchos”.
Para atajar este problema a finales del año pasado se puso en marcha un grupo de trabajo “con el objetivo de facilitar una respuesta segura y contundente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, liderado por la Asociación de Operadores y que cuenta con la participación de la Unión de Petroleros Independientes, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles y la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Las propuestas planteadas por este equipo de trabajo pasan por una agilización de los trámites relacionados con las denuncias, una implicación mayor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de infractores y la reclamación de importes adeudados y la implantación de medios telemáticos para el envío de pruebas a la autoridad competente con el fin de agilizar los procedimientos, según apunta la memoria.
Menos personal
Sin embargo, los sindicatos mayoritarios de los trabajadores del sector achacan este incremento de fugas e impagos “por la paulatina reducción de puestos de trabajo y la sustitución de personas dejando al cliente manipular los surtidores con materiales peligrosos y teniendo, además, que una sola persona atender al cobro, al servicio de repostaje en ocasiones cuando no está automatizado y a la tienda”. Para los sindicatos, “es una consecuencia más a la salvaje reconversión del sector, que al final da facilidades a los ladrones y hace recaer sobre los usuarios el peso de la acción de repostar y pagar, incluso con tarjetas automáticas en algunos expendedores”. “Caminamos a la desaparición del gasolinero, de la propia persona y que todo sea automático”, critican, además de reseñar la peligrosidad de su oficio ante robos y atracos, “a veces con violencia”.
Otros delitos y fraudes
En los últimos años, también se ha observado un incremento y alarmante casos de compañías que operan en el mercado de carburantes y eluden el pago de impuestos, “generando un grave quebranto a la Hacienda Pública”, según la AOP. Incluso, algunas compañías “se permiten ofrecer precios más bajos en los productos petrolíferos que comercializan gracias a la adulteración del carburante, poniendo en serio peligro los motores de los vehículos de un gran número de consumidores”.
Tanto en este caso como el de las liquidaciones fraudulentas del IVA han ocasionado “un grave perjuicio a los competidores que actúan legalmente”, según esta asociación de petroleras.