Los vecinos de la Alta Valduerna piden “energías renovables sin atentar contra nuestros pueblos”

Decenas de personas marcharon este domingo junto a la convocatoria de la plataforma de la Alta Valduerna. La marcha reivindicativa partió desde Priaranza hasta Destriana y llamó a la concentración a los vecinos de las comarcas Maragatería, Sequeda, Valduerna, Cepeda, Cabrera y Tierra de Jamuz. “Somos víctimas propicias para un nuevo saqueo, a manos de empresas sin escrúpulos y con una ambición extractiva sin precedentes”, señalaron este domingo en el manifiesto.

“El suroeste leonés, durante decenios, ha sido castigado por todas las administraciones, condenado al olvido y sacrificado en favor de otras tierras. La despoblación ha sido brutal, la práctica totalidad de nuestros pueblos son un desierto demográfico por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Con esta despoblación, poner en marcha gigantescos proyectos de plantas fotovoltaicas puede resultar más fácil, por la escasa oposición de una población humilde en cantidad y, es evidente, envejecida. No hemos sido elegidos por nuestro sol, sino porque esas empresas sin escrúpulos han calculado que somos débiles”, continúa el manifiesto.

“Nos hemos reunido en Destriana para exigir otro modelo sostenible y no disparatado de energías renovables. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos: Queremos energías renovables, pero no así. Estos proyectos de macroparques fotovoltaicos tienen unas dimensiones disparatadas, no acordes con nuestro territorio. No dejan puestos de trabajo, ni fijan población activa en nuestros pueblos. No fomentan actividades ni iniciativas empresariales, ni tampoco priman nuestro humilde consumo de electricidad. Crean profundas cicatrices en el paisaje, que en algunos casos pueden ser irreversibles. Ponen en peligro otras actividades que ya funcionan de forma razonable y que tienen margen de mejora: turismo rural, agricultura, apicultura, micología, ganadería o industria maderera. Nuestros pueblos no pueden ser el basurero de renovables de la Unión Europea ni el patio trasero de Castilla y León”.

Piden al Estado que “regule de forma ordenada la instalación de renovables, para que no permita proyectos fraccionados que en realidad son proyectos presentados por una multitud de sociedades limitadas creadas expresamente para cada una de las plantas, siendo fácil comprobar cómo pertenecen todas ellas a una misma empresa matriz o participan de los mismos socios y administradores. Para que exija que las consultoras ambientales encargadas de elaborar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sean independientes y rigurosas en sus estudios”.

Asimismo, demandan ante la Junta de Castilla y León que los proyectos son “fraude de ley” debido a que “afectan al mismo término municipal o son colindantes, situados físicamente muy cercanos entre sí, incluso en parcelas pegadas unas a otras. Esto, en la práctica, supone claramente una concentración de proyectos. Pero aún se hace más evidente al comprobar que las plantas, supuestamente independientes entre sí, comparten una misma línea de evacuación que finaliza en una subestación en común, ambas proyectadas para el servicio único de estas instalaciones, lo que significa que se trata de un único proyecto fraccionado en varios aparentemente distintos”. Explican que la comunidad es la cuarta a nivel nacional en producción de energía y la segunda con energía sobrante de toda España. “Nos deben explicar a qué se debe esta permisividad con todo este aluvión indecente de proyectos de plantas fotovoltaicas, ejecutados, insistimos, en fraude de ley”.

De igual manera demandan que la Diputación de León “asesorar, de forma independiente, a los ayuntamientos y juntas vecinales para solucionar los inmensos problemas administrativos que se avecinan (alegaciones, recursos administrativos, alegaciones…)”. A los ayuntamientos que consideren a los vecinos en la toma de decisiones. En otra de las demandas, dirigida contra la Confederación Hidrográfica del Duero y su presidenta, Cristina Danés, que realiza las tramitaciones y resoluciones de concesiones y autorizaciones, de las extracciones y aprovechamiento de áridos y tasas de ellas derivadas, así como la inspección y vigilancia de las obras derivadas de aquellas y de las explotaciones de cualquier aprovechamiento de aguas públicas con independencia de su titularidad. “Llama la atención el control y seguimiento obsesivo de nuestros agricultores, porque usan sistemas de riego que ya existían 200 años antes de esta Confederación Hidrográfica del Duero y, sin embargo, no ha dicho nada ante estos proyectos, que dejarían hechas un asco las cuencas de los ríos Cabrera, Eria, Jamuz, Valtabuyo, Duerna, Peces, Turienzo y Tuerto. Exigimos su inmediata intervención y aprovechamos para recordarle que es posible garantizar caudales ecológicos de estos ríos durante todo el año. Llama la atención que sean estos ríos los únicos sobre los cuales no se ha hecho absolutamente nada para controlar sus cabeceras de forma racional y respetando nuestros pueblos”.