Los pueblos afectados por el nuevo vertedero alegan “errores de bulto, absoluta falta de garantías y estafa a la provincia”

El Órbigo se revela, también administrativamente, contra el planteamiento del nuevo vertedero en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega, con la construcción de un segundo vaso de vertidos para ampliar otros 13 años por parte del consorcio Gersul y la Junta de Castilla y León.

Una vez finalizado ayer el plazo de información pública del proyecto y la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, han sido muchos los municipios y juntas vecinales que han argumentado con dureza y con datos en la mano contra la pretensión de duplicar el tiempo de vertidos en una planta provincial de “caótica gestión” , “después de que el vaso actual, construido para 20 años, esté colapsado casi en la mitad de tiempo”. Así se señala en un comunicado conjunto de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Turcia y Villamejil, así como la Mancomunidad del Órbigo, que han presentado alegaciones conjuntas. A título individual también lo han hecho las juntas vecinales de las localidades de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias, Villares de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Antoñán del Valle.

“Los datos oficiales del nuevo proyecto demuestran que al actual vaso de rechazo no le queda vida útil, ya que supera en 318.000 toneladas la capacidad permita por la autorización ambiental. Pero también esos datos desvelan errores de bulto en sus parámetros más sensibles, tanto en la capacidad total del nuevo vaso (2,1 millones de toneladas) como de vertido actual”, afirma la nota de prensa enviada a los medios.

“Esas cifras indican se incumple la Autorización Ambiental actual, que habla de 60.000 toneladas al año para un tratamiento digno, cantidad que se ha superado con mucho, y ahora plantean un vertido de 150.000 toneladas al año”. Esto implicaría, según estos municipios, “la práctica ausencia de selección y tratamiento de la basura, una grave estafa a los ciudadanos de toda la provincia de León, que pagan por un tratamiento de la basura que apenas se produce”.

Con esa capacidad de 2,1 millones de nuevas toneladas, los pueblos temen que Gersul pretenda “crear una infraestructura extraordinariamente sobredimensionada para generar un lucrativo negocio recibiendo basura de fuera de la provincia de León”.

Las alegaciones también advierten “del riesgo de inestabilidad y colapso en la masa de residuos prevista, tanto por su colocación como por su volumen y los desmontes y taludes previstos”. Además, censuran que en una infraestructura tan sensible exista una “carencia absoluta de estudios geotécnicos que den garantías plenas del terreno”, algo que consideran “insólito y gravísimo”.

Por último, los pueblos consideran que la única gestión de lixiviados contaminantes propuesta “es la misma que hasta ahora ha generado peligrosos vertidos directos a los cauces y terrenos en una amplia área de afección, como algunos pueblos y la Plataforma han demostrado con abundancia gráfica”.

“Y es que aún duplicando la capacidad de vertido, se prevé que los lixiviados se gestionen con las mismas balsas y la misma depuradora actuales, sin infraestructura nueva para garantizar la seguridad medioambiental y de salud pública”, añaden.

En otra alegación se recuerda que el CTR carece de Declaración de Interés Regional, “que no está en vigor por haber sido anulada en 2011 por sentencia del Tribunal Supremo, lo que supone una ausencia de cobertura legal de toda la instalación existente y la nueva”.

También censuran una “documentación incompleta, porque falta el informe urbanístico del ayuntamiento de San Justo de la Vega, que es quien ostenta las competencias en esta materia”.