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Sirva como recordatorio que, en la entrega anterior (tercera de esta serie de cuatro), mostramos cómo el testimonio voluntario e inesperado de un ciudadano –Carlos Aros Sánchez–- en el verano de 2016, pone en marcha a la Justicia (la Policía ya lo estaba) y a sus poderosos medios (escuchas, intervenciones…) tras la compleja trama de corrupción que se adivina. También mostramos los vericuetos del entramado de empresas que es el Grupo Sacyr y su posicionamiento en todo este “asunto”.
Pondremos punto final a esta serie mostrando, en esta cuarta y última entrega, los elementos societarios y empresariales que documentan este traspaso del “cuerpo del delito” principal, la sociedad “Aplicaciones Gespol SL” propietaria del software y otros elementos introducidos de esa manera en numerosos ayuntamientos españoles, de su creador, la empresa vasca Bilbomática, a su nuevo propietario, el Grupo Sacyl. En paralelo, también mostraremos lo poco que podemos saber –más por cansancio que por falta de información– de la comunidad de intereses José Luis Ulibarri Comerzana – Ángel Luis García Martín, cuestión esta que despierta el interés en amplios sectores.
AJUSTES SOCIETARIOS RELACIONADOS CON WALTER MATTHEUS ELORZA (OCTUBRE DE 2016)
En el lado de ‘Bilbomática SA’, su responsable Walter Mattheus Elorza viene recolocando a sus hombres de confianza desde la creación de ‘Aplicaciones Gespol SL’ en el mes de marzo: a los hermanos Jesús Carlos y José Alberto Bueno Regodón y a Roberto Legazpi Gálvez.
José Alberto Bueno Regodón, apoderado de ‘Bilbomática SA’ y nombrado apoderado de ‘Aplicaciones Gespol SL’ el 29 de abril de 2016, es cesado como tal en ‘Bilbomática SA’ el 9 de junio de 2016, manteniendo su cargo en ‘Aplicaciones Gespol SL’ tras su venta al Grupo Sacyr.
Jesús Carlos Bueno Regodón, apoderado de ‘Bilbomática SA’ desde marzo de 2006, es cesado en el cargo también el 9 de junio de 2016.
Roberto Legazpi Gálvez, apoderado de ‘Bilbomática SA’ desde julio de 2011, es cesado en el cargo también el 9 de junio de 2016. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2016 será cesado como apoderado de ‘EGES-BPM SL’, donde lo era desde su constitución en marzo de 2012.
Walter Matheus aumenta el capital social de ‘Aplicaciones Gespol SL’ en 27.000 euros, pasando de 3.000 a 30.000 euros, según publica el Boletín del Registro Mercantil del 5 de octubre de 2016.
LA COMPRA DE ‘APLICACIONES GESPOL SL’ POR EL GRUPO SACYR (NOVIEMBRE DE 2016)[1]
El 10 de noviembre de 2016 se inscribe en el BORME el cambio de identidad del socio único de ‘Aplicaciones Gespol SL’, que pasa de ser ‘Bilbomática SA’ a serlo ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’, del GRUPO SACYR. Como consecuencia, se cesa al administrador único de ‘Aplicaciones Gespol SL’, Jaime Matheus Elorza (hermano de Walter Matheus Elorza), y se nombra como tal a ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’.
El 2 de diciembre de 2016 se cambia el domicilio social de ‘Aplicaciones Gespol SL’ (que lo era en Bilbao) a Madrid, calle Juan Esplandiu nº 11-13, sede de ‘Sacyr Industrial’, ‘Sacyr Servicios Facilities’ y ‘Valoriza Medioambiente’.
El 15 de diciembre de 2016 se nombra apoderado de ‘Aplicaciones Gespol SL’ a Óscar Elvira Gabriel (datos registrales. T 34136 , F 177, S 8, H M 614038, I/A 3 (15.12.16) y el mismo día en apunte aparte, se nombran también apoderados a: José María Guijosa Román, Germán de la Fuente de la Morena, Luis Sánchez Botia, Rafael Gómez de Parada Elua, Rafael Herrero Meseguer, Javier San Millán Perezagua, Antonio Gutiérrez Canalejo, Pablo Pérez Serrano, Óscar Elvira Gabriel (de nuevo), Carlos Mijangos Gorozarri, Luis Enrique García Urueña, Francisco Ventura García Rodríguez, Roberto Rodríguez Domínguez, Joaquín Camacho Calderón y Pablo Otero Escudero. (Datos registrales. T 34136 , F 179, S 8, H M 614038, I/A 4 (15.12.16). Todos los nombramientos se publican en el BORME de 27/12/16.
La compra efectiva debió producirse el 24 de octubre y el precio de 250.000 euros, según se desprende del informe:
“Grupo Sacyr. (Sacyr, S.A. y sociedades dependientes). ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CORRESPON-DIENTES AL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017”, que en su página 18/73 recoge lo que sigue:
“Con fecha 24 de octubre de 2016, la sociedad Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. constituye la sociedad Aplicaciones Gespol, S.L., cuyo objeto social es el mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial; ostenta una participación del 100% y una inversión de 250.000 euros.”
Subrayo lo que parece un error de los redactores de la citada Memoria, ya que ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’ no constituye la sociedad ‘Aplicaciones Gespol SL’ sino que compra el 100 % de sus participaciones a ‘Bilbomática SA’, lo que incluye el 100 % de los activos y pasivos de la sociedad, así como su cartera de clientes, los productos que comercializa y el personal que trabaja en la misma.
LA ALIANZA ENTRE LOS CONSTRUCTORES JOSÉ LUIS ULIBARRI COMERZANA Y ÁNGEL LUIS GARCÍA MARTÍN “EL PATATERO”
Simultáneamente a la operación Bilbomática-Sacyr, se desarrolla otra que es la formalización de la alianza entre dos empresarios: José Luis Ulibarri Comerzana y Ángel Luis García Martín, conocido este último como “El Patatero” por haber sido en el pasado almacenista de patatas.
El 11 de noviembre de 2016 se constituyen dos sociedades con domicilio social en Madrid, C/ Ayala 95, bajo, sede esta de un grupo de empresas perteneciente a José Luis Ulibarri Comerzana. En ambas sociedades el Presidente del Consejo de Administración y Consejero es Ángel Luis García Martín. Los dos miembros restantes del Consejo son Pedro Antonio Santos Porrero y José Antonio Díez González, hombres de confianza de José Luis Ulibarri Comerzana, que se alternan en los cargos de Consejero Delegado y Secretario del Consejo de las dos sociedades.
La primera de las sociedades es ‘Utebo Servicios de Gestión SL’, con un capital social de 100.000 euros y objeto social:
“La gestión de cobro, asistencia, asesoramiento y colaboración en materia de gestión tributaria y recaudación de impuestos, tributos, tasas, precios públicos y otros débitos de entidades, tanto públicas como privadas. Son también actividades propias del objeto social la administración, fiscalización…”
El Consejero Delegado de ‘Utebo Servicios de Gestión SL’ es Pedro Antonio Santos Porrero y el Secretario José Antonio Díaz González.
La segunda de las sociedades es ‘Anento Servicios de Gestión SL’, con un capital social de 100.000 euros y objeto social:
“Actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios, servicio de mantenimiento, protección y mejora del medioambiente, conservación de la naturaleza, prestación de servicios, planes y proyectos en materia forestal.”
El Consejero Delegado de ‘Anento Servicios de Gestión SL’ es José Antonio Díaz González y el Secretario Pedro Antonio Santos Porrero. (Al revés que en la sociedad Utebo).
Como veremos más adelante, la maniobra descrita era conocida por otros elementos de la trama, que la anticipan y manifiestan su satisfacción por los presuntos excelentes resultados que habrán de obtener con ello.
Por nuestra parte nada sabemos del camino que lleva a la relación entre Bilbomática–Sacyr –Ulibarri–García Martín ni del orden en que se produce. Sí sabemos de la comunidad de intereses al moverse todos empresarialmente en el ámbito de las adjudicaciones de obras y servicios de la Administración pública y más específicamente de la Administración local, así como de la realidad de esa relación constatada por las investigaciones llevadas a cabo por la Policía en el mes de diciembre de 2016.
De la relación entre José Luis Ulibarri Comerzana y Ángel Luis García Martín, el único dato conocido lo aporta el propio Ángel Luis quien, según su declaración ante el juez de Badalona tras su detención el 3 de julio de 2018, dijo que habían sido presentados por un amigo común, Adolfo Alonso Ares. Según las mismas fuentes José Luis Ulibarri habría declarado ante el juez que los investigados Roberto Legazpi y los hermanos Bueno Regodón se los había presentado Ángel Luis García Martín.
PRIMERAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS A LOS HERMANOS BUENO REGODÓN (28 DE NOVIEMBRE DE 2016)
Desde que el 15 de septiembre la UDEF pusiera en conocimiento del Juzgado nº 2 de Badalona las declaraciones de Carlos Aros Sánchez, transcurren dos meses antes de que la misma UDEF solicite autorización para intervenir las comunicaciones de los dos principales implicados: los hermanos Bueno Regodón. Cosa que hace el 18 de noviembre de 2016.
“A la vista de los múltiples indicios hallados acerca de la consumación de distintos ilícitos contra la Administración Pública por parte de distintas autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Montgat, así como en particular de los obrantes en relación a la irregular adjudicación de contratos administrativos en favor de Bilbomática SA y Gespol SL [sic] podrían hallarse desarrollando toda suerte de actividades ilícitas al objeto de lograr la irregular adjudicación de distintos contratos administrativos, en fecha 28.11.2016 el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Badalona dictó Auto acordando la interceptación de las telecomunicaciones de D. José Alberto Bueno Regodón y D. Jesús Carlos Alberto Bueno Regodón.”
Los primeros resultados de estas intervenciones dejan perpleja a la propia UDEF, que comprueba desde el primer momento que la indiciaria trama de corrupción no afecta solamente a los hechos denunciados sino que se extiende a otros territorios, asuntos y personas.
EPÍLOGO
Llegados a este punto el lector podrá preguntarse ¿por qué parar aquí? ¿Por qué no seguir adelante con la historia y entresijos de esta Operación Enredadera, cuando lo publicado hasta aquí del estudio realizado no es más que el principio? La respuesta es sencilla: paramos –paro, es más exacto– porque, después de llevar la investigación de este asunto más allá de lo razonable, los límites de las verdades, de las realidades, comienzan a ser confusos. Porque si bien las maldades y sus malvados están bien definidos, conforme se extiende el manto de su influencia atrapando voluntades, muchas de estas no son conscientes de que lo están siendo –otras sí, evidentemente– dando lugar a un batiburrillo cuyas consecuencias no tienen visos de ser justas en su totalidad, siendo preferible poner a salvo reputaciones que merecen seguir estando intactas al hecho de, a su costa, cuestionar otras por mor de la libertad de información ya que, en todo caso, tendrá que ser la Justicia quien delimite alcances y responsabilidades, si es que algún día llega a hacerlo.
Me resta añadir que toda la información que aparece en estas entregas es de dominio público y en parte ya publicada, y que en ningún caso quien esto escribe ni pretende emitir ni emite juicios de valor que, evidentemente, ni son su objetivo ni le corresponde hacerlo.
De la querella –o querellas– presentadas por algunos afectados contra este medio de comunicación –que aprovecho para felicitarle por su profesionalidad e independencia– y contra mí mismo, qué le vamos a hacer, son gajes del oficio y ahí seguiremos estando para confirmar nuevamente donde proceda la veracidad de lo informado en tanto que se corresponde con el contenido de los informes oficiales y registros públicos consultados.
Juan M. Martínez Valdueza
6 de abril de 2022
[1] Reproducimos por su interés el artículo de Izaskun Errazti en El Correo, del 4 de agosto de 2018, relacionado con la trama vasca de la Operación Enredadera:
“Un acusado de corrupción se jacta de cobrar al Gobierno vasco por trabajos que no hace.
El dueño de una empresa vizcaína afirma en una conversación grabada por la Policía que recibe «tres millones al año sin hacer nada»
«Es dinero que va entrando sin hacer nada, que es todos los años y que eso sigue, que es algo que tiene el Gobierno vasco con ellos y les da tres millones de euros todos los años, y con el Gobierno vasco me contratas 1.000 horas y te hago 500 y el resto, pues ya veremos». Son declaraciones del empresario vizcaíno José Alberto Bueno Regodón, grabadas por la Policía Nacional en diciembre de 2016 y recogidas en los 8.000 folios que componen el sumario de la causa abierta tras la operación policial ‘Enredadera’, que destapó hace apenas un mes la mayor trama de corrupción municipal de la historia reciente de España. Una red de amaños de contratos vinculados con la seguridad vial que ha salpicado a una decena de comunidades autónomas y a unos 40 municipios. Ya han sido detenidas 39 personas, entre ellas 16 alcaldes y 8 jefes de policías locales. Los hechos investigados se remontan en algunos casos a 2010.
En el pinchazo telefónico, Bueno, en prisión provisional por su presunta implicación en el caso, habla de Bilbomática SA, la firma de consultoría informática de la que es propietario junto con su hermano Juan Carlos, también en la cárcel, y de sus últimos contratos. «Ha llegado la adjudicación de Vitoria para pasarle a Gespol. Fenomenal. La adjudicación está a nombre de Aplicaciones Gespol», dice. Se trata de una filial que apenas dos meses antes habían vendido al grupo Sacyr por 250.000 euros y que un juzgado de Badalona considera el epicentro de la trama.
Pero la conversación que mantiene con un tal Óscar va más allá. Así, el empresario le comenta que en temas de I+D+i reciben «casi tres millones de ‘pavos’» al año del Ejecutivo vasco, «y que forman horas sin hacer nada», poniendo al descubierto un posible fraude de subvenciones y facturación falsa de la mercantil Bilbomática SA en el que estaría implicado, entre otros, Jaime Matheus Elorza, ‘Walter’, administrador de la sociedad, quien recibiría dichas ayudas. «Hay que buscar una de esas I+D+I que puedan sacar ellos, que a la Diputación de León, que tiene buena pinta», le responde textualmente su interlocutor. Precisamente sobre el alcalde de la capital castellana, Antonio Silván, crecían esta semana las sospechas tras conocerse otras grabaciones de la Policía Nacional en las que el regidor facilitaba al empresario José Luis Ulibarri, ya en prisión, información sobre el desarrollo de las mesas de contratación.
El Gobierno vasco negó el viernes la concesión de subvenciones a Bilbomática SA por el importe anual que afirman llevarse sus responsables. « No hay ninguna empresa que reciba tres millones al año en I+D+I», aseguraron desde el Ejecutivo autónomo. No obstante, la mercantil sí se ha visto beneficiada por el dinero que reparte la Agencia vasca de desarrollo empresarial, SPRI, para la realización de proyectos estratégicos. En concreto, entre los años 2007 y 2016 le fueron asignados más de 3,2 millones de euros, con cargo, fundamentalmente, a los programas Gaitek, Etorgai y Hazitek. El mejor ejercicio para los intereses de la firma fue 2010, cuando se embolsó más de 474.000 euros.
Las mismas fuentes advirtieron que «en proyectos de este tipo los pagos se hacen siempre muy a posteriori, una vez que la empresa haya presentado toda la documentación». Además, la oficina antifraude de la Unión Europea mantiene abierta una investigación, en la que colabora la SPRI, «por el posible incumplimiento de las horas» que la firma debía realizar en proyectos que le fueron asignados entre los años 2009 y 2012. «Ese dinero está pendiente de pagar», insistieron.
Vitoria y Amorebieta
Al margen de las declaraciones de uno de los implicados en el caso que salpican al Gobierno vasco, la macrooperación ‘Enredadera’ desarrollada por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional -con 580 funcionarios movilizados en 200 puntos de diez comunidades autónomas-, también ha tenido su reflejo en Euskadi. En concreto en Vitoria, donde no se practicaron registros ni detenciones, aunque el juez que instruye el caso reclamó al Ayuntamiento copia compulsada de los tres contratos suscritos con Aplicaciones Gespol, la firma investigada, por un valor total de 80.000 euros. El Consistorio de Amorebieta también dejó en manos de la misma firma la implantación de un sistema de control de accesos en régimen de rotación para el aparcamiento de la calle Ixer.
Pero la relación de Bilbomática SA con las instituciones vascas ha sido intensa durante los últimos 25 años. Una orden del 10 de enero de 1995 ya dejaba en manos de la compañía la mecanización de los trámites y aspectos policiales del proceso sancionador de tráfico de la Ertzaintza por un importe de 240.000 euros. También las tres diputaciones, y ayuntamientos… Como el de Bilbao, donde el sindicato ELA denunciaba en octubre de 2002 «irregularidades» en la contratación de los servicios informáticos que el Consistorio hizo con Bilbomática, ahora bajo sospecha, que incluso tiene en su haber contratos con la Agencia Espacial Europea y con la de Medio Ambiente.
Publicado en El Correo, 04.08.2818. (https://www.elcorreo.com/sociedad/acusado-corrupcion-jacta-20180804221617-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fsociedad%2Facusado-corrupcion-jacta-20180804221617-nt.html).
