Los obispos de Astorga y León, Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández y Mons. Julián López Martín, respecticamente, plantearon en un comunicado conjunto, tras el anuncio de cierre de la fábrica de componentes eólicos en Villadangos del Páramo, un “ruego, respetuoso y exigente a la vez” para que Vestas reconsidere su postura. En ese sentido pidieron que tenga presentes los beneficios fiscales y las subvenciones recibidas, el “ejemplar” comportamiento de la plantilla y proveedores y la rentabilidad económica que hasta el momento registra, “la cual hubiera sido imposible sin la aportación relevante de los trabajadores de la empresa”.
Los prelados expresaron una “profunda preocupación ante un hecho que viene a sumarse a otros muchos que, de tiempo atrás, se vienen produciendo entre nosotros y que inciden grave y directamente sobre el empobrecimiento de nuestras tierras y sobre el desánimo de nuestras gentes”.
De manera particular, apuntaron, “nos alarma el dolor y la incertidumbre de quienes son empleados directos de la citada empresa y de sus familias, de las empresas y trabajadores que se verán afectados indirectamente por esta decisión y de todos los ciudadanos de la provincia leonesa que percibimos cómo nuestra geografía humana envejece, se despuebla y empobrece de forma progresiva”.
Ambos manifestaron en el comunicado su cercanía afectiva y efectiva (ésta especialmente a través de algunas de instituciones eclesiales como las parroquias y las Cáritas diocesanas) a todos y a cada uno de los afectados y a sus familias. “Como creyentes, cuenten con nuestra oración y también con nuestra solidaridad en la medida que sea necesaria y que esté a nuestro alcance”, dijeron.
Además, mostraron su agradecimiento y respaldo a las instituciones públicas y a cuantas personas físicas o jurídicas rechaznan el cierre y llevan a cabo toda clase de esfuerzos y gestiones para que la pretendida deslocalización no se produzca.
“Sugerimos que se contemplen de nuevo las posibilidades de una renegociación dialogada entre todos los sectores implicados: la patronal, los trabajadores, las organizaciones sindicales y los organismos pertinentes de la Junta, con vistas a mantener abierta la factoría de Villadangos o, al menos, a habilitar unas medidas que minimicen lo más posible los graves perjuicios humanos y materiales que ocasionará este cierre”, concluyeron.