Los misterios de Raquel

La sentencia del Tribunal Supremo de Castilla y León sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, en mayo de 2014, mantiene la incertidumbre sobre el grado de implicación de la policía local Raquel Gago. Este Tribunal acaba de fallar que la policía local es cómplice del asesinato y no encubridora, tal y como falló la Audiencia Provincial de León, por lo que eleva la pena a doce años de prisión. A pesar de la contundencia de la sentencia, Raquel Gago seguirá en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo, no antes de dos años, revise el caso y dicte sentencia definitiva.

¿Existe trato de favor por parte de los tribunales de Justicia hacia Raquel Gago? Esta es una de las cuestiones que más divide a la opinión pública en un caso que genera mucho morbo en León y en el resto de España. Lo habitual es que con una condena de doce años, el acusado ingrese en prisión a la espera de los recursos definitivos. Hay numerosos casos de ingresos en prisión por condenas mucho menores y por causas como robos o delitos cometidos hace años. Gago no ingresa en prisión porque el Tribunal entiende que no hay riesgo de fuga, porque ya no hay alarma social y porque la condenada siempre ha estado a disposición de la Justicia. Cuestiones todas ellas muy discutibles y que pone en evidencia la existencia de una doble vara de medir por parte de la Justicia.

Esta doble vara de medir o las contradicciones internas en situaciones como las de Raquel Gago son las que cuestionan la credibilidad de la Justicia española, necesitada de una reforma en profundidad y de un consenso político e institucional que se viene demorando desde hace demasiados años.

En cualquier caso, se espera que, aunque tarde, el Supremo dicte sentencia definitiva sobre un caso que ha estado plagado de decisiones polémicas y de muchas imprecisiones, desde los evidentes fallos en la instrucción del caso hasta las contradicciones de varios testigos en el juicio, los errores del presidente del Tribunal al formular algunas preguntas al Jurado Popular, la extrañísima –y nunca aclarada- desaparición del abogado defensor de Raquel Gago y la leve sanción impuesta por ese hecho que pudo provocar la anulación del juicio, así como la falta de memoria o tergiversación de la realidad que algunos testigos claves practicaron en las sesiones del juicio, por no hablar del apoyo tácito y presencial de la Policía Local como institución a su compañera. Pero lo más extraño fue que el juez que presidió el Tribunal de la Audiencia Provincial de León enmendase la plana al Jurado Popular en la sentencia contra Raquel Gago, rebajando su implicación y por ello, los años de cárcel de la condenada, permitiendo su puesta en libertad.

Todo muy misterioso y repleto de dudas e interrogantes, lo que ha hecho volar la imaginación popular hacia teorías de la conspiración, extrañas intervenciones y polémicas actuaciones policiales, pactos imposibles entre la Justicia y poderes ocultos de la sociedad leonesa con el fin de no convertir este caso en un juicio paralelo a la memoria de la expresidenta de la Diputación, siempre polémica y cuestionada en sus formas de gobernar.

Quizá sea cierto que este juicio le ha venido muy grande a la administración de Justicia de León, cuyos protagonistas han sido incapaces de sobreponerse a la arrolladora personalidad de la víctima, y que, como consecuencia, todo el mundo sabía desde el principio que el verdadero juicio con imparcialidad garantizada se celebraría en el Tribunal Supremo en Madrid. Algún testigo importante del juicio ha reconocido que su testimonio hay que entenderlo en clave del Tribunal Supremo.

Dentro de dos años el Tribunal Supremo dictará sentencia, que aún podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional e incluso ante la corte europea de Estrasburgo, pero lo que ya nunca se sabrá serán los entresijos del juicio celebrado en León y las causas de algunas decisiones tan polémicas, que han cuestionado la credibilidad del ejercicio de la Justicia en León.