Facebook
Instagram
YouTube
Un protocolo suscrito hoy permitirá la inmediata puesta en marcha de un sistema unificado para intercambiar información entre la Junta y la Fiscalía, con el objetivo de mejorar la atención y protección a las víctimas de violencia de género. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la Fiscal Superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, acordaron hoy esta actuación conjunta entre ambas entidades para la coordinación de las actuaciones que se incluyen en el modelo de atención integral a quienes sufren maltrato.
La consejera aseguró que se trata de un “avance importante y vital y una mejora en el tiempo de respuesta a la víctimas de esta lacra”. De esta forma, entendió que se dan “pasos significativos” en el modelo integral de atención ‘Objetivo Violencia Cero’. “Esta estrategia se aprobó en septiembre de 2015 y empezó a aplicarse en enero de este año. Hay que agradecer el apoyo y la implicación de la Fiscalía en los grupos de trabajo para desarrollar el modelo de información conjunta”, apuntó.
Además, García puso de manifiesto que el nuevo modelo permitirá a todos los fiscales disponer de una clave de acceso telemático al historial social y el informe de valoración de cada caso de maltrato, pudiendo agilizar así las órdenes de protección precisas a las víctimas y sus entornos familiares. “Se hace así efectivo el modelo de actuación coordinada iterinstitucional y, de esta forma, se va optimizar mucho la utilización de recursos judiciales y sociales para mejorar como único objetivo la protección y atención a las víctimas de violencia de género”, enfatizó.
Por su parte, la Fiscal Superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, incidió en que el protocolo supone que se implanta un sistema donde “pivotan coordinación, información y formación en violencia de género”, ya que era preciso “concentrar y coordinar los servicios de atención”. Para la fiscal el hecho de que muchas organismos tengan competencias en violencia de género “provoca dispersión y ahora es clave en la persecución de delito contar en tiempo real con el expediente social e informe de valoración de los víctimas para darlas a ellas y sus entornos familiares una protección adecuada en el día a día”, expuso.
Apoyo a diez fiscales
El sistema de información unificado permitirá a los diez fiscales de la Comunidad especializados en violencia de género disponer de la información social necesaria para el ejercicio de sus funciones en relación a la atención y proyección a las víctimas. La iniciativa avanzará en los distintos recursos a disposición de las víctimas enmarcados en el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’, que proporcionará más información para la redacción de su informe de acreditación respecto de si la denunciante es víctima de violencia de género, en tanto se dicta la orden de protección.
Asimismo, se permitirá adecuar la propuesta de orden de protección que formula la Fiscalía a la situación concreta de las víctimas y mejorará la protección a la mujer y a las personas que de ella dependen, especialmente de los menores, al tener información actualizada de la situación social de la víctima.
A partir de la firma de este protocolo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de los fiscales especializados en violencia de género herramientas e información que pueden serles de utilidad en el desempeño de su trabajo. Por un lado, tendrán acceso al informe de valoración de la situación de violencia de género elaborado por los profesionales de los servicios sociales de los CEAS, que contiene la información constantemente actualizada obtenida respecto a la víctima, informaciones como sus necesidades de ayuda inmediata, de apoyo para la autonomía o de los menores a su cargo así como las prestaciones que disfruta, entre otras.
Junto a esto, la Fiscalía tendrá como interlocutores directos a los profesionales de las gerencias territoriales de Servicios Sociales. Se establece el compromiso de ambas partes en la formación continua de todos los profesionales implicados y la Fiscalía asume el compromiso de difusión de los instrumentos del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ entre los profesionales del Ministerio Fiscal para favorecer su aplicación por los profesionales implicados y hacer de este modelo un modelo de todos.
