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Los expresidentes y exdirectores generales de Caja España y Caja Duero eludieron este miércoles cualquier responsabilidad en el caso de las emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada que llevaron a cabo sus entidades durante los años 2009 y 2010. Durante más de tres horas estuvieron declarando ante el juez Eloy Velasco en las dependencias de la Audiencia Nacional, acusados de “idear” presuntamente la comercialización de estos productos híbridos “a costa y en perjuicio de los clientes”.
Según informó tras la vista el abogado de la acusación, en representación de los 400 preferentistas por parte de la Unión de Consumidores (UCE) de Castilla y León, Santiago Díez, “no reconocen ningún tipo de responsabilidad sobre el desastre de las subordinadas”. En este sentido, añadió además que los exdirectivos de estas cajas “echaron la culpa al FROB de esas emisiones” ya que “cambiaron las normas y al final ha sido por decreto ley lo que ha provocado las pérdidas de los preferentistas y de los que tenían obligaciones en subordinadas” apuntó Díez.
Julio Fermoso, presidente de Caja Duero en aquellos años, fue el primero en llegar a la sede Audiencia Nacional de la madrileña calle de Prim, y fue el último en salir y de la misma forma, en un taxi que lo recogió a la puerta sin hacer ningún tipo de declaración. El presidente de Caja España, Santos Llamas era el primero en abandonar las dependencias judiciales pero tuvo que recorrer unos metros hasta alcanzar el taxi que agentes de la Policía Nacional habían hecho parar más allá de la puerta de la Audiencia Nacional, por lo que tuvo que responder a las preguntas de la prensa sobre su declaración.
Llamas declaró un escueto “ha ido bien” sobre su declaración, en la que no quiso abundar: “no voy a hacer ninguna declaración”, dijo, “está todo dicho”. El expresidente de la entidad tuvo que escuchar a una mujer que le increpó “¡ladrón, sinvergüenza! Devuelve el dinero a todos los preferentistas”.
Fue Llamas el que más habló ante la prensa ya que Lucas Hernández, exdirector general de Caja Duero que llegó en un turismo particular, se limitó a calificar de “bien” el curso de su intervención y su homólogo en Caja España, Javier Ajenjo, acompañado de su abogado, respondió con el clásico “sin comentarios”.
A partir de ahora, la acusación informó que “debe continuar la instrucción para llegar a la verdad del asunto”, para lo que ya están pidiendo “documentación y diligencias de prueba que el juex ha de estimar para contrastar los datos que ellos dicen de fiabilidad de los productos que se estaban emitiendo con la realidad absolutamente desastrosa en el resultado de los mismos”, aseguró Díez, que criticó la actitud de los imputados ante el juez ya que llegaron a afirmar que esos productos híbridos se comercializaron “porque nos los pedían los clientes”.
El próximo viernes declararán en las mismas dependencias el exdirector financiero de Caja España, Antonio Fernández Fernández, el de Caja Duero, Arturo Jiménez, y los directores comerciales de Caja Duero, Óscar Fernández Huerga, y de Caja España, que tendrá que ser identificado por Banco Ceiss.
Antecedentes
El pasado mes de agosto el juez Eloy Velasco citó a declarar en calidad de imputados a los directivos de Caja Duero y Caja España por la comercialización de preferentes y deuda subordinada en los años 2009 y 2010, tras la denuncia de la Unión de Consumidores de Castilla y León de noviembre de 2013, en representación de cerca de 400 afectados por la emisión de participaciones preferentes, que acusó a los ocho directivos de estafa agravada, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Velasco también solicitó diversa documentación a Caja España, Caja Duero y Banco Ceiss así como a la CNMV y al mercado AIAF (mercado español de referencia para la deuda corporativa y renta fija privada), sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2012, que ordenó investigar la sección tercera de la Sala de lo Penal, que en el mes de julio revocaba la decisión inicial del juez de archivar la petición y anunciaba la admisión de la denuncia.
Según el auto, es preciso investigar “si la comercialización se ideó para poder retrasar y/o ocultar el deterioro económico financiero de las entidades querelladas” como fórmula para “captar activos” con el objetivo de “enmascarar una situación difícil financieramente, a costa y en perjuicio de los clientes depositantes de dichas entidades financieras”. Asímismo, el escrito señalaba cómo la anterior cúpula imputada “supuestamente idearon la comercialización de estos productos financieros para su capitalización”.
