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DA Continúa la polémica en torno a las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) y varias asociaciones y sindicatos se suman en dar su apoyo y ejercer presión a la Junta para que logren lo que consideran justo, un sueldo base superior a 900 euros el reconocimiento de ‘bombero forestal’. De este modo el martes, Ecologistas en Acción en la provincia de León ha defendido que las mejoras en las condiciones laborales que desde hace meses reclaman las BRIF no solo son “justas” sino también necesarias para la protección “adecuada” de los espacios forestales. Los sindicatos UGT y CCOO han tachado de “abusivos” y “desproporcionados” los servicios mínimos impuestos por la Junta a las cuadrillas de prevención y extinción de incendios del sector privado para la jornada de huelga de mañana miércoles, 29 de julio.
Según remitieron los ecologistas a través de un comunicado, la lucha contra los incendios forestales no debe limitarse a su extinción cuando ya se han producido, sino que las administraciones tienen “una gran responsabilidad” para que la prevención y la protección contra la amenaza del fuego sea “lo más efectiva posible” y para ello uno de los aspectos que debe cuidar es el personal contratado para este trabajo.
Las BRIF, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente a través de Tragsa, están compuestas por profesionales que actúan en incendios de nivel 2 o cuando las Comunidades solicitan su intervención, y a pesar de la importancia de su labor, “no tienen el reconocimiento merecido en sus condiciones laborales”. Es por ello que llevan meses reclamando una serie de mejoras que son sobre todo el reconocimiento profesional de bombero forestal por la empresa modificando la actual de peones forestales que les permitirían acceder a la jubilación anticipada y el reconocimiento de enfermedades profesionales; la segunda actividad, que les proteja ante un despido por alcanzar una edad o sufrir una lesión física; y la inclusión de pluses salariales, como peligrosidad o disponibilidad horaria en sus nóminas.
Cuando no están en campaña de incendios se dedican a labores de prevención, fundamentales para reducir los riesgos de fuego en los meses de mayor incidencia, y si se produce un incendio son “quienes mejor preparación tienen” para dar una respuesta “rápida y adecuada”. Para ello, es necesario que cuenten con los medios y con unas condiciones laborales “dignas” que les protejan ante el riesgo que toman, mejoren la estabilidad en el empleo y mantengan la profesionalización.
Ecologistas en Acción recordó también que los incendios forestales suponen “un grave peligro” para los ecosistemas, incrementado en la actualidad por la escasa inversión en medidas preventivas, los monocultivos forestales y agravados por el cambio climático. La extinción de un incendio lo realizan personas que deben enfrentarse a largas jornadas de trabajo, situaciones de estrés, peligrosidad y esfuerzo físico. Todas ellas, incluyendo a las contratadas por otras administraciones y las cuadrillas privadas, reclaman una mejora “justa” en sus condiciones laborales que deberían ser concedidas.
Sindicatos
Los dos sindicatos consideraron que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pretende “torpedear” y “cercenar” el derecho a secundar el paro, convocado para reclamar un convenio colectivo que garantice unas mejores condiciones laborales.
En total, los trabajadores de 74 empresas que participan en el operativo de la Junta suman 1.700 operarios, distribuidos en 102 cuadrillas. De ellos, en torno al 20 por ciento podrá secundar la huelga, si bien por las rotaciones y turnos algunos de estos empleados se encontrarán de descanso. Además, en las provincias de León y Zamora los trabajadores que realizan tareas selvícolas en turno de mañana no podrán ausentarse de su puesto, por el elevado número de incendios que se registran en estas zonas de la Comunidad.
Los representantes de UGT y CCOO se reunieron este lunes en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, quien les informó del decreto de servicios mínimos para la huelga de mañana. El responsable del sector forestal de Fitag-UGT, Javier García, señaló que la regulación propuesta es “inasumible” ya que consideró que se sobrepasa los medios “necesarios para garantizar” la extinción de incendios.
García consideró que la Junta “boicotea” de forma “predeterminada” el derecho a la huelga y puso de manifiesto la contradicción del titular de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien días atrás ensalzó el trabajo de estos operarios, si bien el dirigente de UGT recordó que son quienes tienen peores condiciones por la propia naturaleza de su trabajo, pero también por la falta de convenio colectivo, que caducó en 2012. Además, denunció que la Junta ha recortado a la mitad el presupuesto destinado a la lucha contra incendios, lo que obliga a las empresas a presentar bajas de adjudicación del 35 por ciento para quedarse con los contratos.
En la misma línea, el secretario autonómico de la Federación Agralimentaria de CCOO en Castilla y León, Juan Manuel Ramos, advirtió de que los sindicatos podría judicializar los servicios mínimos impuestos, como hicieron en 2008, cuando estos trabajadores protagonizaron un calendario de huelgas. Recordó que el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón. No obstante, los organizaciones sindicales darán la instrucción de que se cumplan de forma “escrupulosa” los servicios mínimos.
También consideró que la Junta debería asumir de forma “integral” la gestión forestal, una vía que recordó no es la “más cara”. También criticó los efectos que tendrá la nueva Ley de Montes, que a su juicio acaba con la protección que tenían los terrenos afectados por incendios durante 30 años, lo que aseguró evitaba que se especulara con ellos. Además, denunció que la Mesa del Sector Forestal no ha dado los frutos por falta de “voluntad política y empresarial”.
