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Castilla y León contabilizó 224 deudores concursados durante el año 2015, lo que supuso un descenso del 28,6 por ciento respecto al 2014, cuando se contabilizaron 314. Este descenso fue inferior al registrado en el conjunto del país, que experimentó una bajada del 24,3 por ciento, al situarse en 5.510, según los datos provisionales recogidos en la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cataluña, con 1.089, y Valencia, con 902, concentran la mayor parte deudores concursados en el año 2015, así como en el cuarto trimestre donde en la Comunidad se registraron 62 deudores, un 12,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2014, cuando se contabilizaron 71, mientras que en España el descenso fue del 20,9 por ciento hasta los 1.381.
En este cuarto trimestre los deudores concursales cayeron en todas las regiones excepto en Asturias, donde crecieron un 60,9 por ciento; Castilla-La Mancha (39,3 por ciento), Extremadura (26,7 pore ciento); Cantabria (16,7 por ciento) y Valencia (14,2). En todas las comunidades se registran caídas en Murcia (-61,1 por ciento), La Rioja (-43,6 por ciento), Madrid (-42,4 por ciento), Baleares (-41,5 por ciento) y País Vasco (-40 por ciento).
Por provincias, los deudores concursados bajaron en todas las provincias, excepto en León, donde se pasó de tres a diez; Palencia, de cinco a ocho; y Salamanca, de tres a siete. Por el contrario, descendieron en Ávila, de diez deudores en el cuarto trimestre de 2014 a cinco en el de 2015; mientras que en Burgos se pasó de 15 a 11; en Segovia, de cuatro a tres; en Soria, de siete a seis; en Valladolid, de 14 a 9 y en Zamora, de diez a tres.
En función del tipo de concurso, el 90,3 por ciento de los registrados en la Comunidad fueron voluntarios, en concreto 56, frente a seis necesarios. Mientras, 15 se resolvieron mediante procedimiento ordinario y los otros 47 a través del abreviado. De los 62 deudores concursados, 13 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (dos personas físicas, 8 sociedades anónimas y 39 sociedades anónimas).
En cuanto a la actividad económica principal de empresas concursadas en Castilla y León, tres se dedicaban a bienes intermedios, uno a bienes de consumo, dos a la energía, doce se dedicaban a la construcción y promoción inmobiliaria, siete al comercio, una a la hostelería y seis a las comunicaciones.
Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías con entre uno y dos trabajadores, con 17 casos, mientras que entre seis y nueve empleados se registraron cinco casos.
