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Los cuatro primeros días de la huelga del transporte en Castilla y León se han saldado, de momento, con un detenido en Onzonilla (León) por un delito contra la seguridad vial al poner en “grave” riesgo a los usuarios de la vía y once investigados en León a las que se les acusa de delitos “continuados” de desórdenes públicos, daño y contra la seguridad Vial, además de otra persona en Segovia por intentar agredir a un camionero.
En la actualidad, más de 3.500 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan en la Comunidad para hacer frente a los actos de sabotaje y garantizar la normalidad en el transporte. En este sentido, la Benemérita ha escoltado hasta su destino a más de de 1.100 camiones para suministrar fábricas, granjas y supermercados y evitar que haya desabastecimiento.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, subrayó hoy que la situación en la Comunidad está “controlada” y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad. Eso sí, advirtió que el Estado no va consentir que “unos pocos” generen “miedo”, “inseguridad” y “desabastecimiento”.
De ahí que aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarán, con arreglo a la ley, “todavía con más contundencia” para dar una respuesta “proporcional” en la disolución de los piquetes para preservar el orden público y garantizar el derecho al trabajo. “Vamos a impedir que se usen la violencia y las coacciones para garantizar el suministro de bienes y que los pequeños autónomos que quieran trabajar lo hagan sin problemas”, sentenció. Para ello, Barcones dejó claro que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado denunciarán, con acuerdo a la legalidad vigente, a todos los que impidan la normal circulación y a detener los que cometan acciones que sean delitos.
En el receso de una reunión entre la delegada del Gobierno con los responsables en Castilla y León de la Policía Nacional y la Guardia Civil así como representantes de los sectores perjudicados por movilizaciones de la Plataforma del Transporte en Castilla y León, Barcones les trasladó que el Gobierno de España garantizará que los servicios y las infraestructuras logísticas no se verán afectados por las actuaciones “violentas” de un grupo que, a su juicio, “dice pertenecer” a una asociación minoritaria de transportistas. No en vano, recordó que llevan a cabo actos vandálicos en las carreteras de la Comunidad y ponen en riesgo la seguridad del tráfico “o lo que es lo mismo, la vida de las personas”, además de tratar de paralizar la actividad económica y la distribución de productos esenciales.
Accidentes y heridos
Fue entonces cuando se refirió a los tres accidentes de tráfico ocurridos la noche pasada en la A-6, a la altura de Cebrones del Río, cerca de La Bañeza, después de que “algún insensato, por no decir otra cosa” arrojó ruedas de camión a la carretera. Un acto que se saldó sin víctimas personales aunque hubo daños materiales. También, citó los tres camioneros heridos en las manos y los ojos después de que algunas personas arrojaran piedras desde puentes elevados contra las lunas de los vehículos pesados que transitaban por las vías de Salamanca y León. Además, se han registrado “decenas” de pinchazos en las ruedas de camiones y daños en “muchos” camiones e, inluso, agresiones a camioneros que trabajaban en Segovia.
De los 3.500 agentes desplegados en la Comunidad, 2.950 son guardias civiles y 625 son policías nacionales. Además, hay grupos especiales de intervención que se mueven en función de las necesidades en los llamados puntos “críticos” y “sensibles”. Hasta ahora, los mayores problemas se han concentrado en la provincia de León como en el polígono de Villadangos, Camponaraya y Ponferrada, además de Aranda de Duero (Burgos).
En presencia de responsables de Cecale, Empresa Familiar, Urcacyl, Asociación de Empresarios de Supermercados (Asucyl), la Asocación de la Industria Alimentaria (Vitartis), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), las federaciones de transporte Cetm y Fitrans y las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Upa, Coag y UCCL), Barcones confesó ser la primera en respetar la libertad de información, manifestación y de huelga pero, siempre y cuando sean dentro de la legalidad. “No podemos hablar de una huelga de trabajadores ni de un paro general sino acciones que coartan la libertad de movimiento de muchos trabajadores que quieren salir a la carretera para transportar mercancías esenciales como alimentos, medicamentos, combustibles y no pueden por que unos pocos han decidido imperdírselo por la fuerza”, añadió.
La delegada del Gobierno explicó que estos paros no están respaldados por el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), que integra al 90 por ciento de asociaciones y empresas del transporte en España. Por último, recordó que ayer el Congreso de los diputados convalidó, sin votos en contra, el Real Decreto ley 3/2022, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística.
Con esta norma, se materializa el acuerdo alcanzado con el CNTC para “reequilibrar” las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, mejorar su posición y competitividad y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores. En concreto, recoge la prohibición, con carácter general, de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y soportes, al tiempo que se refuerza el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, en línea con lo establecido en el paquete de movilidad de la Unión Europea.
