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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este jueves que se ordenará el cierre “temporal” de un colegio “cuando se constate una transmisión no controlada y generalizada”. Dicho cierre será por un periodo de 14 días. Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo junto con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con los consejeros de Sanidad y Educación de las autonomías para ultimar el inicio de curso.
En el encuentro, el Gobierno quería plantear a los responsables regionales “algún ajuste” acorde a la realidad que la evolución negativa de la pandemia puede tener en las recomendaciones que Sanidad y Educación hicieron en junio.
Según precisó Illa, llegar al cierre de un centro “requiere un análisis”. “Si aparece un caso positivo en un grupo de convivencia estable, el grupo entero tiene que proceder a una cuarentena; si este caso es en un aula no estable, se analizan los contactos estrechos y sólo ellos se ponen en cuarentena” y, si hay brotes en varias aulas de forma simultánea, “se actúa igual” que lo citado anteriormente, explicó. Si los brotes son “múltiples” y “con vínculos” se tiene que estudiar “caso a caso”, agregó.
El responsable de Sanidad abordó gran parte de las respuestas de la rueda de prensa y a una de ellas, sobre el hipotético caso de que los padres lleven a sus hijos a clase enfermos a sabiendas, contestó especialmente enérgico: “¿A quién se le puede ocurrir, cuando hay un conjunto de recomendaciones que permiten tomar las medidas adecuadas?”
“No concibo que un padre lleve a un niño que no está en condiciones a un centro escolar, de todo hay”, afirmó. “A ver si somos serios”, pidió.
Precisamente, Illa se encargó de repasar gran parte de los puntos acordados este jueves con los consejeros de Educación y Sanidad, como la implantación de la mascarilla desde los seis años, mantener una “higiene mínima” con el lavado de manos cinco veces al día, la ventilación “muy frecuente” o “incluso mantener la actividad educativa con las ventanas abiertas” y la toma de temperatura antes de la jornada, como establezca cada autonomía, sea en casa o ya en el centro.
Illa también se refirió a que “el criterio de referencia” es mantener la distancia de 1,5 metros, el establecimiento de “grupos estables” para las etapas inferiores y “minimizar contactos entre grupos”. Otras medidas son “precauciones” en el transporte (con mascarilla recomendable incluso para menores de cinco años y ocupando un mismo asiento), apostando especialmente por lo que el ministro calificó de “medios activos”: andando o en bicicleta.
Asimismo, los ministros y los consejeros abordaron cuestiones relativas a cómo actuar ante un brote (que se establece a partir de los tres casos positivos) y el adelanto en dos semanas de la campaña de la gripe, que tendrá lugar en la primera quincena del mes de octubre, para procurar que la coexistencia de ambas enfermedades no provoque el colapso de los servicios sanitarios.
Por su parte, Celaá subrayó que el objetivo del encuentro “permite actualizar el marco común de cogobernanza que genere confianza”. “Buscamos la tranquilidad de las familias porque saben que van a llegar a un entrono muy seguro”, recalcó.
En su opinión, entre las 29 medidas y cinco recomendaciones “de higiene y promoción de la salud para garantizar una vuelta segura” hay algunas “muy importantes”, partiendo del “carácter general actividad lectiva presencial para todos los niveles y etapas priorizándola para el alunado de menor edad”.
Celaá también se refirió a que “todos los centros designarán un responsable de Covid, que debe estar familiarizado con todos los documentos relacionados con la pandemia” y que los niños deberán lavarse las manos “al menos” cinco veces al día.
“Los centros se mantendrán abiertos asegurando el comedor y apoyo a necesidades especiales y de familias vulnerables, siempre que la situación epidemiológica lo permita”, agregó la titular de Educación, antes de defender la obligatoriedad de la educación desde los 6 a los 16 años. Por ello, dijo, se ha encargado un informe jurídico para saber cómo actuar en caso de negativa a llevar a un niño a clase por miedo al Covid-19.
“Educación no va a hablar todavía de medidas coercitivas, estamos seguros de que los padres son responsables”, zanjó la ministra.
La ministra recalcó que Gobierno y autonomías han estado trabajando “conjunta y coordinadamente” y “respetando la distribución competencial” desde la suspensión de las clases físicas, en referencia a las reticencias que han puesto a adoptar totalmente los acuerdos comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña.
Precisamente, las competencias y el estudio de “caso por caso” fue el argumento que la responsable educativa ofreció para algunas cuestiones, como la reducción de las ratios y la consecuente necesidad de contratar personal o las garantía de la apertura de los centros para los alumnos vulnerables.
Asimismo, durante la rueda de prensa, Celaá rebajó su anuncio de que el Gobierno estudiaba dedicar ayudas a los padres de escolares que tengan que quedarse en casa para guardar cuarentena por un caso cercano de Covid-19, argumentando que “la conciliación es algo que depende no sólo de Sanidad y Educación”, sino que “también de Trabajo e Inclusión”. “Pensaremos respuestas acordes a las necesidades de las familias”, aseguró.
Por su parte, la ministra Darias confirmó que la Conferencia de Presidentes será el próximo 4 de septiembre y que su presencia este jueves en el encuentro con las autonomías era para asegurar el trabajo preparatorio para esa cita entre Pedro Sánchez y los máximos responsables regionales.
La ministra se hizo eco de que el ambiente de la cita fue “bueno” y que “si el bicho nos deja” se esforzará por trabajar “desde la unidad” en construir “de manera conjunta” el modelo de cogobernanza. “Necesitamos dar respuestas coordinadas y un mínimo común de entendimiento, que generen confianza y esperanza”, justificó.
