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La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores ha hecho hoy un llamamiento a las juntas vecinales de la provincia de León para que se sumen al plan de acción que se está poniendo en marcha y cobren a las compañías eléctricas por la ocupación de sus bienes de dominio público. Estos hechos se están promoviendo después de que el Tribunal Supremo fallara a principios de este mes contra las empresas que no pagaban la tasa fijada por los ayuntamientos por atravesar por sus territorios al no reconocer el gravamen o considerarlo desproporcionado.
Tras esta sentencia, se permite el cobro de una tasa anual por metro lineal de las distintas infraestructuras, algo que para el secretario general de la Federación de Concejos de España, Carlos González-Antón, consideró que será “clave y estratégico” para la financiación y modernización de las entidades locales menores. Por eso, garantizó que se tiene intención de “dar el do de pecho” porque se defiende que es algo “absolutamente estratégico” el cobro de este tributo. Además, aseguró que se exigirá a los poderes públicos que se comprometan también con esta tarea.
El ingeniero industrial Antonio Valbuena reconoció que se trata de un trabajo que conllevará un estudio minucioso que supone “una gran complejidad técnica”, si bien resaltó la importancia de las iniciativas que se quieren llevar a cabo porque se trata que este asunto tiene a nivel nacional un impacto de alrededor de tres millones de euros. El trabajo que hay que realizar, explicó Valbuena, consiste en la determinación de la tarifa que las líneas tiene que abonar por kilómetro de aplicación, la ocupación física de las instalaciones sobre dominio público y en la determinación de los dominios públicos.
Lo que se pretende desde la Federación de Entidades Locales Menores es elaborar un plan de acción global con el fin de que estas entidades no se queden “sin un tributo que la ley les permite y les obliga a cobrar”, según recoge la Ley de Haciendas Locales. González-Antón recordó que lo que se debería cobrar es el aprovechamiento que tienen las empresas de la electricidad, gas, agua u otras por la utilización privativa o especial de los montes de utilidad pública, los bienes comunales pero no de los bienes patrimoniales.
Para todo ello, las entidades locales menores tendrán que aprobar las ordenanzas fiscales y disponer de un inventario, así como realizar las liquidaciones de la tasa y recaudar y gestionar sus cuentas. Para González-Antón se trata de “una oportunidad única”, de ahí que anunciara el inicio de una campaña para conseguir que este año todas las entidades locales menores puedan tener reguladas sus ordenanzas fiscales.
Esta campaña se pone en marcha hoy mismo y contará con una parte informativa “que es necesaria” porque no se conoce la obligación de cobrar esa tasa, aunque también se prevé una reunión para principios del mes de febrero, y se repartirán trípticos y se informará a través de las redes sociales. Igualmente, la Federación de Entidades Locales Menores también tiene previsto ponerse en contacto con las diferentes administraciones para pedir mediación y actuación en esta materia.
En primer lugar, se solicitará la participación de la Diputación Provincial para la aprobación de las ordenanzas, el papel del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) en la tramitación de las ordenanzas y la recaudación de la tasa; a la Junta se le pedirá mediación en la normativa sobre la secretaría de las entidades locales menores, sobre el servicio de Gestión del Patrimonio de estas entidades y la adecuada financiación del SAM de las Diputaciones. Por último, también se acudirá a las Cortes para presentar una moción que permita el apoyo del cobro de las tasas, se pedirá una nueva ley para las entidades locales menores de Castilla y León y se solicitará la aprobación del reglamento para el servicio de gestión de patrimonio de las entidades por parte de las Diputaciones.
