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Las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de León convocaron hoy una tractorada de protesta para el próximo 23 de febrero, que recorrerá las calles de la capital leonesa para solicitar una revisión del Plan Estratégico de la Política Agraria Común que permita flexibilizar las exigencias medioambientales y, particularmente, eliminar el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos.
La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), las alianzas Unión de Ganaderos y Agricultores de León-Unión de Pequeños Agricultores- (Ugal-UPA) y Unión de Campesinos Autónomos de León-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Ucale-Coaj) y la Unión de Campesinos mantuvieron hoy un acuerdo en la Cámara Agraria Provincial, en la que acordaron instar a las organizaciones de ámbito superior -autonómico o nacional- para marcar un calendario de protestas más amplio bajo la unidad de todo el sector.
Asimismo, también coincidieron en solicitar reunión con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, con el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, y con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, para “exponerles los problemas del sector que puedan estar bajo sus competencias o que den traslado a niveles superiores de la administración”. De igual forma, definieron una la tabla reivindicativa de los problemas que preocupan a todos los agricultores y ganaderos de la provincia leonesa.
Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos pasan, además de por una revisión del Plan Estratégico de la PAC, po reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, “exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea”, acabar con “el oligopolio de los abonos”, reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad y promover la libre competencia, actuar a través de la Ley de la Cadena Alimentaria “para impedir la venta a pérdidas y reforzar el papel del productor en la negociación de los contratos” o una revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado de los suelos agrícolas.
Las organizaciones también solicitan la mejora de los pastos en los montes públicos y la revisión del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, que el lobo deje de ser especie especialmente protegida y que todos los daños que provoquen las especies salvajes, autorizar el uso de nuevas técnicas genéticas y organismos modificados genéticamente, “respuestas rápidas y eficaces en la autorización de productos fitosanitarios”, planes de sanidad animal que “afronten los retos de las enfermedades tradicionales”, normalizar todas las ayudas a la modernización de explotaciones o elevar a 350.000 euros el importe máximo de facturación para permanecer en el sistema de módulos fiscales de la agricultura.
El sector también abogó por derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero y negociar uno nuevo que cuente con el consenso del sector y de todas las administraciones agrarias implicadas, un plan “ambicioso” para cerrar el mapa de la modernización del regadío y de los nuevos regadíos en la provincia de León, así como un plan de inversiones para aumentar la capacidad de agua embalsada, otro plan de seguros agrarios en el que “se asegure por la producción real esperada, se indemnice el cien por cien de los daños del siniestro y se subvencionen las pólizas con los importes máximos permitidos por la Unión Europea” y legislación que “proteja de forma estricta” las tierras agrícolas y de pastos de los proyectos de macro parques fotovoltaicos y de sus líneas de evacuación.
