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S. Travesí Las grandes fortunas que residen en Castilla y León, con un patrimonio neto por encima de los 700.000 euros, se elevan a 7.573 contribuyentes y en plena crisis económica su riqueza creció un 1,1 por ciento hasta los 16.030 millones de euros. Su patrimonio medio se situó en 2,1 millones millones frente a los 3 millones del conjunto de España.
Los datos sobre las declaraciones del Impuesto de Patrimonio, que acaba de publicar la Agencia Tributaria relativos al año 2014 y recogidos por la Agencia Ical, señalan que la Junta de Castilla y León recaudó por este tributo 31,8 millones de euros, lo que supone un 8 por ciento menos que en 2013.
Se trata de una cantidad importante para las arcas autonómicas, encargadas de gestionar este impuesto que está en el aire, ya que los Presupuestos Generales del Estado de este año establecen la prórroga de este tributo hasta el 31 de diciembre. De no adoptarse ninguna medida, a partir del año próximo habrá una bonificación en la cuota del cien por cien, al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid.
El 74,2 por ciento del patrimonio de estos castellanos y leoneses más pudientes (11.900 millones de euros) está en activos mobiliarios. Es decir, productos financieros como acciones en bolsa, participaciones en empresas, fondos de inversión y depósitos, mientras que otro 19,7 por ciento (3.170 millones) se refugia en bienes inmuebles urbanos. En cambio, los bienes suntuosos, ya sean vehículos de lujo, yates, joyas u objetos de arte y antigüedades, solo suponen el 0,1 por ciento, con 18,9 millones.
Las declaraciones del Impuesto de Patrimonio permiten comprobar que la riqueza de las grandes fortunas de la Comunidad –todas ellas personas físicas- aumentó en 174 millones entre 2013 y 2014. Un incremento que puede estar relacionado con el mayor número de ricos que en ese periodo creció en 98 personas.
18,9 millones en vehículos, joyas y arte
En solo un año, el dinero medio depositado en deuda pública cayó un 14,8 por ciento y otro 0,6 por ciento el de las participaciones accionariales en empresas que cotizan en Bolsa, que suman 1.593 millones de euros. El patrimonio presente en los depósitos bancarios bajó 3,4 puntos porcentuales hasta un total de 2.195 millones de euros. En cambio, aumentaron en 257.000 euros los bienes suntuarios por lo que estas personas adquirieron más de este tipo de patrimonio, hasta los 18,9 millones de euros.
A la hora de valorar la evolución del Impuesto de Patrimonio durante la crisis, la diferencia es abismal en relación al año 2007 cuando había 51.069 contribuyentes en Castilla y León que tenían que rendir cuentas con Hacienda a través de este tributo, que sumaban una riqueza de 31.000 millones de euros. Es decir, casi el doble de la cifra de 2014. La explicación hay que buscarla en que al inicio de la crisis la base liquidable (el valor del patrimonio después de restar las deducciones) requerida era de 167.000 euros. De ahí que la media de las rentas bajara hasta los 607.000 euros, tres veces menos que la última estadística de la Agencia Tributaria. En todo caso, el dato de 2014 ofrece una imagen más real de estas fortunas al marcar un techo elevado.
El Impuesto sobre el Patrimonio nació en 1978 con un carácter extraordinario y con fecha de caducidad pero, con el tiempo, se ha ido consolidando. En parte, porque se trata de un tributo transferido a las comunidades autónomas y que en los años de recesión ha servido para maquillar las maltrechas arcas de las administraciones regionales, obligadas a cumplir los objetivos de déficit.
Impuesto autonómico
Al ser un impuesto de carácter autonómico, cada territorio tiene la potestad de aplicarlo a su antojo. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la única de toda España que mantiene la bonificación del cien por cien. No es de extrañar que haya numerosas denuncias por una ‘fuga’ de contribuyentes. Madrid cuenta con un 9,1 por ciento del total de las grandes fortunas del país, aunque suponen el 25,2 por ciento del importe nacional. Por su parte, Castilla y León aporta el 4,1 por ciento de los ricos de España y solo el 2,8 por ciento del dinero que mueven los más acaudalados.
La primera y única supresión del Impuesto de Patrimonio, con una exención del cien por cien, llegó de la mano del Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando en 2008 retiró el cobro del tributo al considerar que recaía, sobre todo, en las rentas medias y no tanto entre los verdaderamente ricos que contaban con recursos suficientes para escapar del pago. La crisis y la necesidad imperiosa de aumentar los ingresos públicos obligaron a recuperar el gravamen tres años después, aunque el mínimo exento se elevó a 700.000 euros. Ahora, es un tributo que está en el aire porque en el caso de que se prorroguen las cuentas del Estado las grandes fortunas no se gravarán, salvo que haya una disposición especial o alguna comunidad decida su implantación.
En la actualidad, más de 181.800 contribuyentes declaran este impuesto en el conjunto de España y el patrimonio sumado de todos ellos alcanzó los 555.500 millones de euros, un 5,5 por ciento más que en 2012. La estadística de la Agencia Tributaria ofrece otro dato curioso, aunque no por comunidades, como que en 2014 había 508 españoles que declaraban un patrimonio neto de más de 30 millones de euros, un 44,3 por ciento más que en 2011 (352).
La lectura es que los multimillonarios son cada vez más pese a la actual crisis. Y eso que la base imponible es muy inferior al patrimonio real ya que incluye deducciones de deudas y cargas, además de haber bienes exentos como las obras de arte con carácter histórico y los planes de pensiones.
