Las denuncias por violencia de género se incrementan en la Comunidad un 12,6% en el segundo trimestre

Los juzgados de violencia sobre la mujer de Castilla y León recibieron durante el segundo trimestre de 2022 un total de 1.400 denuncias, lo que supone un incremento del 12,6 por ciento con relación al periodo entre abril y junio del pasado año. Este incremento, según los datos de un informe publicado hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, es prácticamente igual al incremento del 12,3 por ciento del conjunto de España, donde se registraron 45.743 denuncias. De las 1.400 mujeres víctimas en la Comunidad, 993 eran españolas y 407 extranjeras (29 por ciento), además de las cuatro registradas por menores.

El Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y recogido por la Agencia Ical, muestra que de ese número, 1.172 fue con un atestado policial con denuncia de la víctima, 38 formulada por un familiar y 157 por la intervención directa policial, además de las seis presentadas directamente en los juzgados.

Hubo una evolución al alza de las órdenes de protección incoadas por los órganos judiciales de la Comunidad durante el trimestre analizado, en total 424, lo que supone un 13,4 por ciento más que hace un año. Por el contrario, cayó el porcentaje de sentencias condenatorias, al pasar 86,3 al 85,7 por ciento. Además, hubo una bajada del 8,7 por ciento de las sentencias condenatorias, hasta las 126 del segundo trimestre de 2022.

Castilla y León se sitúa como la Comunidad con la menor tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con 11,6, frente a las 18,4 la media nacional. En cabeza se sitúa Murcia (28,5), seguida de Baleares (27,6), Valencia (24,2) y Canarias (21,5), mientras que por detrás de la Comunidad se encuentran Galicia y País Vasco (trece en cada caso).

En el informe también se destaca que durante los meses de abril, mayo y junio, los órganos judiciales de Castilla y León dictaron 314 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 7,9 por ciento, un punto más que la subida de la media nacional. De esta forma, la Comunidad registra 30,3 órdenes por cada cien mujeres víctimas de violencia de género, por encima del 23,8 de la media nacional. Castilla y León solo se ve superada, en esta tasa, por La Rioja (42,9) y Asturias (31,3)

En el periodo analizado, 169 víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que representa un doce por ciento del total. En el conjunto autonómico fueron 4.167, el 9,1 por ciento del total de víctimas del trimestre. Estas cifras, a nivel nacional, suponen un mínimo histórico y se sitúan por debajo de las registradas hace un año, cuando fueron 4.231 (10,5 por ciento) las víctimas que se negaron a prestar declaración contra su agresor. La tendencia a la baja, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se mantiene por segundo año consecutivo tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, aseguró que lo datos son “fiel reflejo” de lo que ocurre en los pueblos y ciudades. Y es que destacó que el aumento de las denuncias y de las víctimas es consecuencia de que son cada vez más las mujeres que alzan la voz cuando sufren violencia machista y deciden denunciar los hechos en comisaria o en el juzgado.

Mostró su preocupación ante el aumento del número de víctimas en el conjunto de España. Las 44.543 mujeres víctimas del segundo trimestre de 2022, un periodo que ya no se ve afectado por las consecuencias de la pandemia, sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020).

“No bajar la guardia”

A juicio de Carmona, los datos constatan que la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden en el país y que ninguna de las instituciones implicadas en acabar con esta “lacra” debe “bajar la guardia”; por esta razón les insta a seguir trabajando, como lo han hecho hasta ahora, en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos. “Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo, seguir al lado de todas esas mujeres y de sus hijos e hijas”, afirmó la presidenta del Observatorio.