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Para aquellos ciudadanos que seguramente tiene interés en saber a qué nos referimos con esta irregularidad, es nuestro deber, explicárselo, máxime cuando esta reclamación es contra la gestión en la contratación municipal (responsabilidad de la Alcaldesa y concejalía), y no contra ninguna persona en particular, hacia donde están intentando desviar el asunto.
En primer lugar como concejales del Grupo Popular estamos al servicio del ciudadano para defender sus intereses, lo que significa que cualquier situación o acto administrativo que el Grupo Popular considere irregular, nuestra obligación es denunciarlo.
Siendo de interés público, la situación concesional actual del Bar del Hogar del Jubilado, debido a que se encuentra en un local perteneciente al Ayto de Astorga, brevemente explicaremos en qué consiste la reclamación formulada por el Grupo Popular, principalmente por aclarar el malintencionado y cocinado traslado de información por parte de la concejalía de Servicios Sociales, que sobre este tema se ha dado a quien ostenta la explotación y a los ciudadanos.
No podemos admitir que se tergiverse y manipule nuestra petición, basada en la responsabilidad legal que tiene el equipo de gobierno, para buscar la confrontación con los afectados a través de frases como “mira por culpa del PP te quedas en la calle porque te van a quitar la concesión…”, o “gracias a la derecha te vas a la calle…”, cuando lo único que quiere y pide el PP es regularizar y garantizar la contratación de este servicio público, que se encuentra en situación irregular con un contrato que no es legal.
El contrato existente se realizó hace muchos años entre la Asociación de Jubilados y el actual concesionario del bar, no entre el ayuntamiento y el concesionario (la persona física que actualmente está utilizando las instalaciones del Bar del Jubilado), algo que no se ajusta y vulnera la legislación vigente de la contratación.
Tenemos que tener claro que el Ayuntamiento dispone de un Hogar Municipal del jubilado en un local municipal donde se presta una actividad de bar. El problema está en la naturaleza jurídica del local municipal, es decir, el local es un bien de dominio público, utilizado de forma privativa por terceros, por lo que es necesario regularlo acudiendo a la figura de concesión de dominio público, (esto es lo que el PP denuncia, no que lo tenga una persona u otra)
La concesiones públicas se otorgan previa licitación, con arreglo a la normativa reguladora en materia de contratación, algo que nuestra magnífica concejala de Servicios Sociales se ha saltado a la torera, saben cómo se llama esto?, ¿Qué pasa en este ayuntamiento para que no rija la legalidad y la coherencia? ¿Por qué no se licita la concesión de dominio público del bar?
Lamentamos esta torpe estrategia de la concejalía de Servicios Sociales, por no decir que le importa un bledo, a la hora de asumir sus responsabilidades cuando las cosas no están bien hechas, ya que por parte del Grupo popular no es acoso y derribo ni persigue a la persona concesionaria del bar, sino cumplimiento de la labor de control que nos corresponde como oposición al gobierno municipal, ante situaciones de dudosa legalidad, intentando acabar con una actitud del “aquí mando yo” , y poder conseguir el máximo respeto al ordenamiento legal vigente y a la seguridad jurídica que debe dirigir las decisiones del equipo de gobierno.
Esto es necesario para que tanto los vecinos como los empresarios, puedan tener la seguridad de que en Astorga se cumplan las leyes, y que sus derechos como ciudadanos no dependan de la arbitrariedad, unilateralidad o el capricho de quienes pretenden nadar a su antojo desvirtuando la realidad, por el simple hecho de gobernar.
Concejales del Grupo Popular
