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El proyecto de ley por el que se elimina en la práctica el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León ha completado su tramitación y se encuentra en la recámara para ir a pleno. Las Cortes reanudan su actividad ordinaria después del parón por el Covid, pero este compromiso de los socios de gobierno de PP y Cs se mantendrá en lista de espera para su aprobación sin fecha, aunque no se retira.
La nueva normativa se presentó en las Cortes por parte de la Junta para cumplir en los primeros meses con uno de sus ‘compromisos estrella’, de hecho estaba prevista su aprobación en el segundo pleno de marzo para que entrara en vigor en abril. La emergencia sanitaria lo ha cambiado todo y ahora tendrá que esperar a un “análisis riguroso” para que se garantice la suficiencia financiera ante el dinero que se deja de recaudar con su puesta en marcha.
Su tramitación fue rápida, ya que solo el Grupo Socialista presentó enmiendas, una a la totalidad y cinco al articulado. La ponencia y comisión realizó su trabajo en una semana y el texto está listo para su aprobación, en el momento en que se decida su inclusión en el orden del día. El dictamen ya aprobado para el pleno no cambiará, explica a Ical el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz.
“Es un compromiso de legislatura y la voluntad es cumplir”, afirma el procurador popular, convencido de que la supresión casi en la práctica de este impuesto se tiene que realizar en el momento que se esté garantizada la suficiencia financiera de la Comunidad, ya que la estimación es dejar de recaudar 19 millones con su entrada en vigor.
En este momento, alude a “incertidumbres” en el apartado de ingresos de la Comunidad, a la espera de conocer la cantidad que recibirá Castilla y León del Fondo Extraordinario y no Reembolsable de 16.000 millones del Gobierno a las comunidades autónomas y de los que puedan llegar de Europa, así como la evolución de los gastos generados a mayores por la emergencia sanitaria, social y económica.
El nuevo portavoz de Cs, David Castaño, no cree que exista un problema para que se deje en espera, aunque recuerda que la iniciativa al ser un proyecto de ley corresponde al Ejecutivo, pero sí asume que, ante una “situación delicada” sobrevenida por el virus, se puede aplazar su aprobación.
No existen plazos para su inclusión en el orden del día de un pleno, por lo que se mantiene como está, con las cinco enmiendas vivas de la oposición socialista para su debate en el plenario, aunque tanto fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda como el portavoz popular de Hacienda mantuvieron que no se retira y seguirá en las Cortes.
Tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones se recoge una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes, lo que supone su práctica eliminación en la práctica.
Sin embargo, se mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para “no perjudicar” las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues, si se suprimiera, pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100.
En la pasada legislatura, con acuerdo de Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos, se elevó el límite exento hasta los 250.000 euros, primero, y después hasta los 400.000. Según se recoge en la exposición de motivos de la ley, se persigue reducir de forma significativa el coste fiscal al que se encuentran sometidas las donaciones y sucesiones de bienes y derechos entre cónyuges, descendientes y ascendientes.
