La sequía y las heladas podrían causar pérdidas de 25,5 millones de euros en el sector apícola regional, con la pérdida de la mitad de colmenas y el 80 por ciento de la producción de miel anual, que no saldría al mercado. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) condicionó la viabilidad de las explotaciones a que llueva al menos 10 litros por metro cuadrado, cada semana, en los próximos dos meses en Castilla y León.
UCCL afirmó que en muchas zonas de la Comunidad sólo ha llovido en torno a 100 litros desde la primavera del año pasado, lo que provoca una “intensa sequía que no está permitiendo que haya floración”. La organización expuso que incluso las flores labiadas, que son capaces de florecer y producir néctar en climas semidesérticos, “no están produciendo néctar porque no hay tempero del invierno y los rocíos no se producen”.
Además, debido a las ultimas heladas, UCCL informó de que la práctica totalidad de los robles y brezos están quemados, por lo que la característica principal de los bosques verdes de Castilla y León, apreciada por apicultores, “se puede dar por perdida”.
De este modo, el sindicato agrario detalló que las pérdidas económicas se situarán en 12 millones de euros en las colmenas, que perderán el 50 por ciento de los núcleos que deberían hacerse ahora “y que no pueden llevarse a cabo”, (200.000 de los 400.000 esperados), según explicó a Ical el técnico Enrique Cortés, quien explicó que de cada colmena, en función de la reproducción y otras características, “se pueden obtener hasta tres núcleos”.
No obstante, en sus predicciones apunta a sólo uno, que significa pérdida de 12 millones, pues cada uno tiene un valor de 60 euros. Con respecto a la producción de miel, UCCL estima que en torno al 80 por ciento de las 4,8 toneladas anuales “está comprometido”, que a un precio medio de 3,50 euros el kilo, supondrían unas pérdidas de 13,5 millones de euros.
Medidas para aliviar al situación
UCCL propuso algunas medidas, como el establecimiento de una ayuda directa a todos los apicultores para compensar, al menos parcialmente, los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus explotaciones, a través de mínimis, como también piden los agricultores y ganaderos. Ello se llevaría a cabo con un incremento del tope máximo por explotación de 15.000 euros.
También solicitó apoyo económico para que compense los gastos sobrevenidos para la adquisición de la alimentación al ganado; la apertura de nuevas líneas de préstamos al colectivo, a interés cero, con varios años de carencia y con un período amplio para la amortización de los mismos; reducciones fiscales, consistentes en la minoración de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva de módulos y el incremento del porcentaje de gastos de difícil justificación a los agricultores y ganaderos ATPs en el régimen de estimación directa simplificada; y exención de las cotizaciones a la Seguridad Social por un período de doce meses.
Además, solicitan la condonación del pago anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica y de las instalaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad agraria a los apicultores (ATPs) y una moratoria para la amortización, al menos, de los préstamos oficiales que se tengan concedidos al sector agrario, muy especialmente los vinculados a la mejora y modernización de las estructuras de las explotaciones agrarias.
Por otro lado, el sector demandó la constitución de una mesa de seguimiento sobre la evolución de la sequía en la que se analice los efectos y se estudie la adopción de las medidas que se estimen oportunas; y la declaración de zona catastrófica en Castilla y León.
A juicio de UCCL, esta sequía es considerada como una de las “más fuertes de los últimos años”, por lo que debe exigir tanto a la Administración General del Estado como a la Autonómica a que, “con carácter de urgencia, procedan a la adopción de las medidas suficientes y eficaces”.