La Seguridad Social abonará cerca de 135.000 prestaciones correspondientes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la nómina de octubre, según anunció este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que estimó que a finales de año se habrán superado las 500.000.
En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, Escrivá explicó que, hasta septiembre, se habían tramitado 320.000 solicitudes, de las que 91.000 fueron aceptadas, 86.000 denegadas y 146.000 están pendientes de subsanación.
Esto supone algo más de un tercio de las cerca del millón de peticiones presentadas, declaró, pero con las modificaciones introducidas en septiembre, “esperamos dar un salto importante y llegar a un 40 por ciento” de expedientes tramitados en octubre.
Avanzó que “en la nómina que se pagará dentro de unos días, se abonarán ya 135.000 ayudas”, lo que supone que el IMV “llegará a más de 500.000 personas poco más de tres meses después de su puesta en marcha”.
Según sus previsiones, las reformas normativas introducidas hace unas semanas “supondrán una aceleración creciente” en la gestión del IMV, y permitirán que en noviembre ya se hayan tramitado el 50 por ciento de las peticiones recibidas y haya más de 200.000 resoluciones positivas.
Explicó que a día de hoy, hay 475.000 peticiones ya tramitadas (casi la mitad de las recibidas descontando las duplicadas), de las que a 150.000 se les ha requerido presentar documentación complementaria. Agregó que otras 180.000 han sido denegadas, “la mayoría por incumplir los criterios de vulnerabilidad económica” (renta y patrimonio).
A su juicio, todo esto supone que “estamos en un índice de subsanación un poco mayor del que nos esperábamos” pero, “gracias a los ajustes normativos introducidos recientemente, confiamos en que se resuelvan”.
Además, señaló que su previsión es que la mitad de los expedientes sean aprobados y la mitad rechazados. En enero, “cuando se inicie la segunda fase de evaluación del IMV”, estaremos en torno a las 550.000 familias que ya reciben estas ayudas. Entonces será el momento de estudiar fórmulas “para llegar a aquellos que se nos han quedado fuera” y recordó que su previsión inicial era alcanzar a unos 850.000 hogares.
Mejoras
Por eso, añadió que “habrá que estudiar por qué algunos no han presentado la solicitud y cómo podemos alcanzarlos”, y sugirió que, en algunos casos, podría ser posible que un trabajador social del ayuntamiento acredite que una familia concreta “vive donde dice vivir”.
De hecho, la posibilidad de que las familias que comparten vivienda puedan acceder al IMV si acreditan ser una unidad diferente es una de las modificaciones introducidas hace poco. Otras tienen que ver con la posibilidad de cruzar datos directamente con el INE respecto al padrón, “algo que hasta ahora suponía que muchas personas tuvieran que aportar documentación extra, o la flexibilidad en los requisitos en cuanto a los años de emancipación. A ello agregó las innovaciones informáticas para automatizar procesos y el aumento de plantilla en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se había reducido un 20 por ciento desde 2010.
Según Escrivá, en enero será el momento de activar la gestión compartida con las comunidades autónomas, algo que hasta ahora no se había hecho porque retrasaría mucho el proceso. “Nuestros estudios indican que muchas comunidades tardaron años en poner en marcha sus sistemas de rentas mínimas”, afirmó, por lo que “en un sistema tan sofisticado, no parecía lo más adecuado”.
Apuntó que mientras “algunas sí han entendido la voluntad de complementariedad de la norma”, otras están instando a sus beneficiarios a elegir un sistema u otro. Con todo, aseguró que se está trabajando en la adaptación de las normativas y de los sistemas informáticos y que, en breve, será posible que algunas comunidades “nos pasen en bloque los datos sobre beneficiarios de sus sistemas de protección candidatos al IMV”, que de este modo podrán ser reconocidos de oficio.