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La Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce como probados los abusos sexuales denunciados por un ex alumno en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, cometidos entre 1981 y 1984, y le condena a la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años, residiendo en un monaterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga, según lo anunció este lunes el obispo, Juan Antonio Menéndez.
Tras ese periodo, la sentencia determina que el sacerdote José Manuel R.G. podrá volver a la Diócesis para residir en la casa sacerdotal y sólo podrá celebrar la Educaristía fuera de ella con autorización expresa. Se trata, según el prelado, de una pena “muy dura” -la máxima sería la expulsión del estado clerical-.
La víctima presentó la denuncia en febrero de 2017, 35 años después, con lo que penalmente los hechos están prescritos. El sacerdote, detalló el obispo, “no aclaró ni reconoció explicitamente los hechos pero todas las circunstancias que concurrían concluyeron que había una altísima certeza moral de que esto había ocurrido”.
Menéndez expresó “su dolor por la gravedad del delito cometido” y pidió perdón a la víctima además de ponerse a su disposición para acompañarle espiritual y humanamente y, “en comunión con el papa Francisco”, quiso manifestar su “firme condena y repulsa a estos hechos execrables y vergonzosos, al mismo tiempo que reafirmó su decisión “de luchar contra estos delitos por todos los medios legítimos”.
También reclamó “a los cristianos y a la sociedad” que se haga todo lo posible para que se garantice y se proteja a los menores y a las personas vulenarables y para que se implementen las medidas para que se evite que situaciones así se repitan.
