La pensión que obliga a ir a Cáritas

R. Travesí “El primer día que acudí a Cáritas, vine llorando y me sentía como una mierda”. La declaración no corresponde a una persona sin techo, un mendigo, un desempleado de larga duración afectado por la crisis, un individuo sin recursos económicos que solicita ayuda a una ONG o a la entidad caritativa y social de la Iglesia católica. Son las palabras de María Jesús González, una vallisoletana de 52 años que cobra una pensión no contributiva de invalidez y que desde hace un año acude a la Cáritas parroquial de María Milagrosa, en el populoso barrio de las Delicias de la capital, para recoger los alimentos de todo el mes. Los 368 euros mensuales que cobra de pensión no contributiva no le llegan para vivir puesto que solo el alquiler le cuesta 350 euros. Las cuentas no salen de ninguna forma. Así que María Jesús se ha tragado su orgullo y ‘sobrevive’ gracias a los alimentos que le proporciona Cáritas y la ayuda de sus hermanas y padres.

María Jesús es una de los 22.078 castellanos y leoneses que, a finales de 2015, cobraba una pensión no contributiva de la Seguridad Social, que se repartían entre los 12.354 que tiene derecho a la de jubilación y los 9.724 de invalidez. Se trata de pensiones reguladas por ley que buscan asegurar a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Todo ello es posible gracias a la Ley General de la Seguridad Social que contempla estas situaciones para personas que no hayan cotizado o lo hicieran de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y carezcan de recursos suficientes. Es decir, que tengan ingresos inferiores a 5.150 euros anuales, según el importe actualizado en 2016.

María Jesús González cobra desde 1998 la pensión no contributiva por invalidez al tener reconocida un 68 por ciento de discapacidad por la falta de visión (tiene 32 dioptrías) y los dolores de huesos. Los 368 euros eran suficientes cuando se completaban con el bajo sueldo de su marido pero, desde hace unos años, está separada y ese dinero no le permite cubrir sus gastos. “Llevo una vida muy austera porque soy de gastar poco y me gusta aprovechar todo y nada de vicios”, sentencia a la Agencia Ical ante la mirada atenta de la voluntaria de Cáritas, Purificación Rodríguez. ‘Puri’ es consciente de los problemas que atraviesan muchas familias de barrios obreros

Pone el ejemplo de que solo enciende la calefacción cuando vienen sus tres nietas a casa y todo ello gracias a que sus hermanas le pagan las facturas de luz y de gas para el agua caliente. Además, su hija le compra, “cuando puede”, algo de calzado y su actual pareja le lleva un poco de comida. “De no tener los alimentos de Cáritas estaría obligada a ir a comer donde mis padres todos los días. No quiero ser una carga porque ya me ayudan lo que pueden con su pensión”, afirma.

La situación de penuria que atraviesa esta vallisoletana le impide renovar sus gafas por el alto coste de cada cristal (700 euros) al tener tan poca visión. La trabajadora social le consiguió la gratuidad de los medicamentos pero hay determinados productos que no están incluidos como las pomadas, necesarias para sus huesos, y unas vitaminas para el estómago. “Tengo que priorizar y el dinero no da para más por lo que no las compro”, sentencia.

Nada más separarse de su marido, vivió en una habitación de un piso compartido pero tuvo que dejarla porque se ha encargado de cuidar a sus nietas y necesitaba una vivienda donde no molestar a nadie. Su hija cobra la Renta Activa de Inserción (RAI), la ayuda de 426 euros mensuales para parados en circunstancias especiales.

Algo mejor está Celia, otra vallisoletana de 57 años que cobra 365 euros de una pensión no contributiva de invalidez desde 2003 pero el piso donde vive era de sus padres por lo que se ahorra el alquiler. En su caso, tiene una discapacidad del 66 por ciento por fibromialgia y artrosis degenerativa, que le obliga a utilizar una muleta, a lo que se ha unido la insuficiencia respiratoria. También está divorciada con un hijo que tiene su propia familia y no la puede ayudar mucho.

De momento, Celia recibe en su domicilio la comida diaria ya preparada pero asegura que la cuantía de la pensión no le permite ahorrar. Tampoco hacer frente a la compra de un frigorífico porque antes hay otras obligaciones como el pago del IBI este mes y las facturas de los suministros de la vivienda. Ella trabajó asegurada 13 años y otros muchos sin Seguridad Social ante la imposibilidad de pagar la afiliación para mantener a su hijo pero, tal y como reconoce, “los ahorros se acaban”. Es entonces cuando habla de la necesidad de aumentar el importe de las pensiones no contributivas y que se igualen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ronda los 650 euros.

El sufrimiento provocado por los problemas económicos, explica, le han afectado a su salud y se avergüenza de que los vecinos conozcan su situación. “Es muy duro ir a un supermercado para no poder comprar casi nada o prescindir de un balneario pese a que los médicos dicen que me vendría bien para la artrosis”, rubrica.

Descenso del 5% desde 2009

El número de beneficiarios de una pensión no contributiva en la Comunidad ha caído durante los años de crisis puesto que en 2009 había 23.432 personas y ahora se registran 1.300 menos, con un descenso porcentual del 5,7 por ciento. Frente a esta bajada, el importe de la pensión media mensual ha subido en 36 euros en ese periodo hasta situarse en 398 euros en el caso de la invalidez y 360 euros en las de jubilación (al incluir el prorrateo de las pagas extraordinarias).

De esta manera, se explica que el importe bruto que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) destina al pago de las pensiones no contributivas en Castilla y León haya aumentado pese al descenso de los beneficiarios. El Estado desembolsó el año pasado un total de 117,3 millones de euros para abonar estas jubilaciones en Castilla y León. La mayor parte de ese dinero fue para las mujeres, puesto que suponen el 67 por ciento del total de beneficiarios de una pensión no contributiva.

La pensión no contributiva de jubilación está reservada a los trabajadores que llegan a la edad de jubilación (65 años) sin acumular cotizaciones suficientes. Es decir, haber estado afiliado a la Seguridad Social como mínimo 15 años y al menos dos de ellos deberán estar dentro de los últimos. En cambio, la de invalidez se concede a personas entre 18 y 65 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El 37,5 por ciento de las mujeres que cobra una pensión no contributiva de jubilación o derivada de invalidez en la Comunidad tiene más de 80 años.

María Jesús confiesa a Ical su frustración por tener que pedir ayuda a Cáritas: “Siento que me aprovecho cuando hay familias con niños que están en una situación peor”. De ahí que busque un trabajo como empleada de hogar para completar su pensión no contributiva y haya solicitado para el año próximo un alquiler social. “Si consiguiera un piso por 150 euros, sería un gran milagro”, apunta. Además, la paga extra que recibirán a final de mes tanto ella como Celia servirá para paliar su penuria y hacer frente a algún gasto. “La ‘gratis’ es como si me tocara la lotería porque aprovecho para devolver algo de dinero a mi hermana, aunque ella no quiera”, explica.

La Tesorería de la Seguridad Social deja claro que las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas son incompatibles entre sí pero también con las pensiones asistenciales y con los subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona. Tan solo la pensión de invalidez no contributiva se puede compaginar con el salario por trabajo hasta un límite de 11.540 euros anuales. Cada año, la Junta rechaza del orden de unas 300 solicitudes de pensiones no contributivas de jubilación y otras 250 peticiones de invalidez.

María Jesús no desaprovecha para hablar de la actualidad y criticar la repetición de las elecciones, con un coste muy elevado que podría ser destinado a los comedores sociales, las pensiones y las rentas garantizadas de ciudadanía. “Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y este país no puede despilfarrar así el dinero. Me gustaría que los políticos probaran a vivir un mes, solo un mes, con 400 euros”, sentencia.